El Concello de Moaña ha aprobado, por resolución de la Alcaldía, la apertura de un expediente sancionador a la empresa concesionaria del servicio de la limpieza viaria -Urbaser- para acordar, si procede, la imposición de penalidades por el presunto incumplimiento defectuoso del contrato. Esta es la consecuencia de la auditoría del servicio encargada a la empresa Lagares Oca y que se realizó entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, justo un día antes del inicio del confinamiento forzoso decretado con la aprobación del estado de alarma.

La conclusión de la auditoría señala que se detectaron tres faltas leves en el cumplimiento del contrato, lo que sumaría una falta grave teniendo en cuenta los pliegos del servicio del contrato firmado con Urbaser. Esto podría implicar la retención de entre un 5% y un 7% de la facturación mensual de la concesionaria. Cada mes el Concello debe abonarle algo más de 23.000 euros.

La auditoría constató incumplimientos puntales e injustificados del servicio durante los días 14, 20 y 27 de diciembre de 2019, lo que afecta a un porcentajes de entre el 20 y el 30% de todas las tareas que se deben acometer. La concejala de Obras e Servizos, Marta Freire, explica que los incumplimientos tienen su raíz en el trabajo con menos personal del obligatorio por contrato o en no completar las rutas diarias programadas.

Tras el informe de Secretaría y la resolución de las alegaciones presentadas por la empresa por parte de los servicios técnicos municipales, en la comisión informativa de este martes Freire informó a todos los grupos de la tramitación de este expediente. Además de iniciar el procedimiento se nombró instructor a un funcionario del Concello. La empresa y su avalista tuvieron 15 días para presentar las alegaciones.

Durante el verano del año 2019 las críticas del principal partido de la oposición local, el PP, al servicio de limpieza viaria, se endurecieron. En la comisión del martes Freire criticó algunas de sus propuestas alegando, en un primer momento, que la petición de resolución del contrato que pidió el PP a través de una moción "carece de base jurídica alguna". Freire solicitó "rigurosidad" en las propuestas que se realizan desde los grupos políticos y alega que actuaciones de este tipo "se tienen que realizar con fundamentos de derecho".

Considera, Freire, que el expediente sancionador se puede abrir gracias al trabajo realizado por los técnicos municipales y acusó al principal grupo de la oposición de "irresponsabilidad" por informar en una nota de prensa de la auditoría en marcha antes de que finalizase y por presentar la moción pidiendo que el Gobierno local rompiese el contrato "cuestión legalmente imposible". Critica también que, tras ser informada del resultado de la auditoría, la oposición aliente al Concello a no pagar por el servicio, alegando también la imposibilidad legal que tendría esta medida. "Deberían leer la Ley de Procedimiento Administrativo y los términos del contrato firmados para la prestación de este servicio", alega Freire.

En el verano de 2019, antes de poner en marcha la auditoría, el PP había desvelado que la concesionaria desplazaba, presuntamente, a trabajadores de Moaña a otros municipios en los que se encargaba también de gestionar este servicio para atender la limpieza de fiestas u otros eventos como festivales muy concurridos.

Desde el confinamiento de primavera que conllevó tareas de desinfección de los espacios públicos más concurridos para limitar el impacto de la pandemia, la actuación de los trabajadores de la limpieza viaria es mucho más visible en las calles de Moaña.