El Concello de Cangas deberá indemnizar a Acciona Agua con la cantidad de 68.301 euros por gastos asumidos por esa mercantil a mayores de los que estaba obligada como concesionaria de la gestión y explotación de la EDAR (estación depuradora de aguas residuales) de Balea entre los años 2012 y 2014. Así lo establece el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra, aunque estima solo parcialmente el recurso de la empresa -que reclamaba el pago de una indemnización muy superior, de 517.807 euros, por el desequilibrio económico de la concesión en aquellos años- porque el resto de la cuantía adeudada ha prescrito. La sentencia puede ser recurrida por cualquiera de las partes, en un plazo máximo de 15 días, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Acciona Agua SAU interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de la solicitud que presentó el 24 de enero de 2018 en el Concello de Cangas do Morrazo reclamando el pago de una indemnización de 517.807 euros por el desequilibrio económico aludido. En síntesis, la entidad mercantil aduce que el 19 de mayo de 1998 (bajo su anterior denominación de "Pridesa") formalizó con el Concello de Cangas el contrato de gestión indirecta del servicio de depuración de aguas residuales, de una duración de 16 años prorrogables. El contrato finalizó el 31 de octubre de 2014, e incide en que durante su ejecución se produjo un grave desequilibrio económico financiero originado por tres conceptos: El volumen de agua tratada (que se incrementó en un 136,54%, pasando de los 3.993 m3/diarios de su oferta a 8.364, 9.766 y 10.206 m3 en los años respectivos 2012, 2013 y 2014, con la consiguiente elevación del gasto en reactivos químicos y energía eléctrica); la retirada de fangos (incremento de volumen, así como mayores gastos de transporte tras el cierre del vertedero de Varalonga); y el pozo de bombeo de Massó (gasto eléctrico no previsto en el contrato). Añade que reclamó ya una indemnización por el perjuicio generado en el período 1999-2008, la cual le fue finalmente reconocida por sentencia judicial firme, que la ley ampara ese derecho y que su acción no ha prescrito, toda vez que el Concello de Cangas incumplió su obligación de liquidar el contrato con su finalización.

En su defensa, el Concello de Cangas alegó, en resumen, que Acciona Agua debió asumir el posible sobrecoste de su servicio en aplicación del principio de "riesgo y ventura" que rige la contratación pública, e insiste en que no ha acreditado que ese sobrecoste responda ni a un "riesgo imprevisible" ni a una modificación contractual, ni tampoco a causa de fuerza mayor. Discrepa, asimismo, de las cifras del supuesto perjuicio y niega la posibilidad de actualizar la deuda conforme al IPC (Índice de Precios de Consumo), al igual que el "efecto de cosa juzgada" invocado en la demanda. Por último, la administración canguesa insiste en la prescripción de lo reclamado por los años 2013 y 2014.

El Tribunal de lo Contencioso concluye que Acciona presentó su primera reclamación en fecha 24 de enero de 2018 y, por tanto, ha prescrito su derecho a percibir una indemnización por el período anterior al 24 de enero de 2014 al transcurrir los cuatro años establecidos legalmente. Y ello con independencia y sin perjuicio de que el Concello de Cangas no haya realizado, tras la finalización del contrato, el acto formal de "conformidad y recepción" del servicio.

Demora al reclamar

"El perjuicio generado por el supuesto desequilibrio económico contractual se podía cuantificar, liquidar y reclamar por la actora, año a año, sin problema alguno y sin tener que aguardar a la finalización del contrato, ni a ningún acta formal de liquidación del mismo", señala el fallo judicial y alude a que tal circunstancia fue asumida por Acciona con sus propios actos, al haber reclamado ya por los mismos conceptos (sobre otro período anterior) en el proceso judicial citado en su demanda y al haber liquidado sin ningún problema los importes reclamados en este nuevo pleito, sin necesidad de aguardar al acto formal de conformidad y recepción del servicio.

Asimismo, el Tribunal concluye que el cálculo de la indemnización correspondiente al período no prescrito (que va del 24 de enero al 31 de octubre de 2014) por retirada de fangos, mayor consumo eléctrico y de productos químicos para la EDAR de Balea ha de realizarse conforme al criterio señalado por el perito del Concello de Cangas "por ajustarse más a la realidad que el aportado por la actora". Acciona pedía 137.810 euros por estos tres conceptos, cuantía que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo rebaja a 68.301 euros correspondientes a los 279 días indemnizables .