Está previsto que mañana se vean las caras en los juzgados de Pontevedra el Concello de Cangas y la UTE Gestión Cangas, concesionaria del ciclo del agua. El objetivo: dirimir sus diferencias respecto a la cuantía de la indemnización por la anulación de la ordenanza municipal de 2016. El informe elaborado por una empresa por encargo del Concello sostiene que la cantidad con la que se debe indemnizar a la UTE Gestión Cangas alcanza los 266.000 euros y asegura que los cálculos que realizó la concesionaria están mal hechos porque no tuvo en cuenta la resolución del Consello Consultivo de Galicia respecto a la cuota fija de saneamiento. La concesionaria asegura que la indemnización debe alcanzar los 802.636,59 euros y que si no llega al importe 1.056.919 euros es precisamente porque se aplicó la resolución del Consello Consultivo, que deja la cuota fija de saneamiento en 3,5 euros, en vez de 5 euros. Además, asegura que la cuota que se aplica para determinar las cantidades reclamadas es de 3,48 euros.
La UTE afirma que acumula un déficit de ingresos de 211.822 euros entre los años 2017 y 2018, como señala también el informe elaborado por una empresa para el Concello de Cangas. La concesionaria del ciclo del agua manifiesta que tras la nulidad de la tarifa del valor del contrato, aprobada en sesión plenaria del 21 de diciembre de 2019, el Concello de Cangas aprobó unas nuevas tarifas idénticas a la ordenanza que fue anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el 17 de octubre de 2018. "La modificación por parte unilateral del Concello de Cangas supone un incumplimiento contractual. Se trata de la tercera ocasión en la que el Concello de Cangas procede a la modificación de la ordenanza sin establecer un cálculo tarifario adecuado y ajustado a la realidad del servicio integral del ciclo del agua de Cangas, modificadas con anterioridad en acuerdo plenario de febrero de 2016 y acuerdo plenario de diciembre de 2016, siendo ambas declaradas nulas por el TSXG y causa del desequilibrio de la concesión", apunta.
Añade la concesionaria que lleva 5 años alargando ese conflicto, cuando expresó en más de una ocasión su voluntad de acordar un gran pacto por el agua. "Solo intentamos que se cumpla el contrato y la adjudicación firmadas y aprobadas por el Concello de Cangas, lo que permite modificar el ciclo del agua y convertir a Cangas en un concello modelo en precios, gestión, abastecimiento y saneamiento de aguas" asegura.
Quien dirige la lucha del gobierno municipal de Cangas en este conflicto del agua es el concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE), que ya en el anterior mandato quiso rescindir el contrato, de hecho llevó hasta en dos ocasiones el expediente al pleno de la corporación municipal, caducando en las dos ocasiones el mencionado expediente.
El pleno aprobó recientemente una nueva ordenanza del agua, para 2020 que la UTE ya anunció, también, su intención del recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
