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El conflicto del agua

Gestión Cangas reclama al Concello 618.677 euros por la anulación de la ordenanza de 2016

Un informe encargado por el gobierno municipal difiere de la cantidad y considera que la indemnización que se debe pagar es solo por un importe de 266.606 euros - El lunes se ve la causa en los juzgados de Pontevedra

Trabajos en la depuradora de agua de Cangas.  // Gonzalo Núñez

Trabajos en la depuradora de agua de Cangas. // Gonzalo Núñez

El próximo lunes el gobierno municipal de Cangas tendrá que defender los intereses del Concello en los tribunales ante la demanda interpuesta por la UTE Gestión Cangas, en relación a la reclamación de cantidades que solicita la concesionaria del agua después de que el TSXG derribara, hasta en dos ocasiones, las ordenanzas aprobadas por el pleno de Cangas: las de 2016 y 2017.

Un informe encargado por la concesionaria del agua asegura que las cantidades correspondientes a los ingresos a percibir por el concesionario en aplicación a las tarifas contractuales asciende a 4.359.319,32 euros, de los que 2.207.402,65 euros corresponden al ejercicio 2017 y 2.152,276,67 a 2018. La empresa reclama al Concello de Cangas en la demanda interpuesta la cantidad de 618.677 euros. Al principio, la empresa reclamaba un millón de euros.

Por su parte, en el estudio encargado por el Concello para su defensa señala que "la primera dificultad con la que nos encontramos para poder contrastar las cifras del informe económico de la concesionaria, es la ausencia de datos relativos a usuarios y consumos utilizados en su dictamen para cada periodo, ofreciendo simplemente el resultado final para cada periodo, ofreciendo simplemente el resultado final para cada concepto. Asegura este informe que esa traba se subsanó acudiendo a los padrones que la concesionaria presentó para su aprobación ante el Concello durante los años reclamados, para obtener la información objetiva en cuanto al número de usuarios y consumos de los mismos".

En las conclusiones del citado informe encargado por el gobierno municipal se señala que la cuota fija de saneamiento se ha calculado con el importe de 5,1 euros/bimestre y usuario, en vez de la correcta de 3,4852 euros/bimestre, contiene errores en la determinación de los ingresos fijos del año 2017 (se mantienen constantes a lo largo de los distintos periodos del año), que parecen destinados más a constantes a lo largo de los distintos periodos del año que parece destinados más a formar un resultado ya preestablecido que a reflejar la realidad económica del servicio y contiene errores en el cálculo de la determinación de los ingresos variables y de los ingresos fijos en función de los datos declarados por la concesionaria.

La ausencia de datos relativos al número de usuarios y consumos en cada periodo en los que basa sus resultados, "nos ha obligado contrastar la veracidad de los datos presentados en la pericia de la demandante, con los datos presentados trimestralmente para la aprobación de los padrones correspondientes, en función de esta evaluación se puede determinar que: los cálculos realizados por el informe encargado por la concesionaria exceden en 287.253,67 euros sobre los realizados con datos de los padrones aprobados". Así, con la utilización del cuadro tarifario correcto, siempre según la opinión de los expertos a los que el Concello encargó el informe, con la utilización del cuadro tarifario correcto y los consumos y número de usuarios declarados, se determina que la reclamación de la concesionaria no puede superar los 266.606,36 euros. Se añade que el equilibrio económico del servicio se alcanzaría con la cantidad de 211.822,71 euros, a razón de 122.563 euros en el año 2017 y 86.259,70 euros en el 2018.

El informe se realiza a petición del Concello de Cangas a efectos de ser utilizado en sede judicial en la reclamación de cantidades instalada por la UTE Gestión Cangas contra el Concello de Cangas. Entre la documentación analizada aparece el anteproyecto de explotación, la oferta económica, la oferta técnica, el contrato de fecha 24 de costumbre de 2014, los pliegos de prescripciones técnicas, las ordenanza fiscales de 2014,2015 y 2017 y los padrones municipales de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

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