Las denuncias cruzadas entre el edil de XM, Javier Carro, y la teniente de alcalde de Moaña, Marta Freire, empiezan a formalizarse. De hecho, Carro ya recibió la demanda por vulnerar presuntamente el derecho al honor de la socialista y ambas partes están citadas para un acto de conciliación en el juzgado de paz de Moaña. Deberán acudir el jueves 5 de diciembre. Sería el paso previo a un procedimiento judicial por la demanda, que se iniciaría si no hay acuerdo ante el juez de paz. Por su parte, Javier Carro tiene la intención de presentar su denuncia antes de final de año y entiende que acusará a la socialista de "prevaricación", aunque toda la documentación está en manos de sus abogados.
Este enfrentamiento se remonta al verano y se recrudeció en el Pleno municipal del jueves 26 de septiembre, cuando Carro volvió a acusar a la teniente de alcalde de presuntos "contratos fraudulentos" en las obras de parques infantiles. En esa misma sesión Freire anunció una denuncia por atentar contra su honor, que es la primera que se ha formalizado.
Javier Carro, que es el único edil del grupo de la oposición XM, aprovechó aquel pleno para asegurar que había leído, una por una, las actas de las juntas de gobierno y que todas las actuaciones en los parques se les concedieron a las tres mismas empresas "con domicilio fiscal en el mismo edificio en todos los casos y con la misma administradora". Carro añadió que si Intervención autorizó esas compras es porque "solo recoge las facturas y comprueba que las empresas no llegan cada año a los 40.000 euros". Este edil pidió también al BNG, socio mayoritario del gobierno, que se desmarque de esta práctica y consideró que toda la situación "huele a podrido. La cogieron, señora Freire, y tiene que dejar su puesto de concejala", espetó.
Finalmente, en su grave acusación Javier Carro llegó a solicitar al PP que cambiase una moción de aquel pleno sobre parques infantiles para exigir, en los puntos de acuerdo, la dimisión de la propia Freire. La defensora de la moción, Silvia Rueda, le replicó que "si piensa que esa situación es así debería denunciarlo a la Fiscalía", desmarcándose de las acusaciones.
Freire anunció entonces que acudiría a la justicia con la siguiente intervención: "Este tipo de acusaciones debería hacerlas en el juzgado. Esperaba que fuese a la justicia para poder defenderme allí, así que encargué una demanda contra usted" por una vulneración de su derecho al honor. Añadió que a la demanda preparada "añadirá las acusaciones vertidas en este pleno y nos veremos en los juzgados".
Solo dos días después el propio Javier Carro anunció que llevaría estos contratos a los ante un juez. Se mostró dispuesto a seguir adelante con esta denuncia "aunque el proceso se prolongue más allá de mi paso por la política. No tengo más remedio que acudir a la justicia", defendió ayer. Puso también el acento en su escepticismo por el hecho de que presenten ofertas a las reparaciones en parques de Moaña dos empresas catalanas. "Nadie se cree que presenten ofertas desde Barcelona para reparaciones en Moaña cuyo importe no supera en algunas ocasiones los 700 o 1.000 euros", argumenta.
Un pasado judicial
La citación a Freire y Carro para el día 5 devuelve a la política moañesa a una situación similar a la vivida entre los años 2010 y 2011, cuando eran habituales las denuncias y amenazas de acudir ante los juzgados por parte de los principales actores políticos del municipio.
El actual portavoz del PP José Fervenza -que es el único edil de aquella época que sigue en activo- había denunciado en mayo de 2010 al entonces alcalde, Xosé Manuel Millán, y a su concejal de Urbanismo, Valentín Piñeiro, por no destinar una subvención de la Xunta de Galicia para la finalidad para la que fue concedida: La compra de elementos de ocio que se tenían previsto instalar en el parque infantil de Tirán. La ayuda databa del 4 de noviembre de 2006 y su importe rondaba los 12.000 euros.
Poco después, en diciembre de 2011, ya con Fervenza como alcalde, volvió a anunciar que llevaba al propio Piñeiro ante la justicia por entender que había cometido un presunto delito de "denuncias falsas" al afirmar que el gobierno local permitía obras ilegales a familiares y amigos de los ediles del Partido Popular.
