Los propietarios de auxiliares del sector naval constituidos en una plataforma en O Morrazo por acumular impagos de grandes astilleros desde hace años han decidido, este fin de semana, llevar a la calle sus reivindicaciones, después de más de tres años a la espera de una solución por parte de las administraciones. Son al menos 13 los empresarios con más de 5 millones de deuda. En la mayoría de los casos tuvieron que liquidar sus compañías y se ven ahogados por los créditos suscritos con los bancos. Han pedido ya a la Subdelegación del Gobierno los permisos para manifestarse cortando el centro de Moaña y presentarán, a la sesión plenaria de este jueves, una moción para pedir el apoyo y la participación en la marcha de todos los partidos con representación en la corporación moañesa. También se dirigen a las principales centrales sindicales, que ya mostraron su apoyo cuando se creó la plataforma.
El portavoz de los empresarios, Balbino Barcia, alega que llevan más de tres años tratando de buscar una solución con la Xunta sin éxito, a pesar de que lograron el respaldo tanto de sindicatos como de todas las corporaciones locales de O Morrazo.
Temen que con los nuevos problemas de la venta de Barreras estas deudas que tienen judicializadas se queden definitivamente sin cobrar, por eso buscan apretar en sus protestas.
Desde el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) le confirmaron a esta plataforma en breve instalarán una oficina en Moaña, en un local que cederá el Concello. En marzo, durante la primera reunión con responsables del Igape, este organismo se comprometió a estudiar los casos de estos empresarios afectados por impagos de forma individual para asesorarles en la búsqueda de la mejor solución. Se llegó a hablar incluso de gestionar ayudas a fondo perdido para los empresarios que siguen trabajando y ver la posibilidad de otras para los que ya están parados y hacer frente a la amenaza de los bancos.
Se habló también de la posibilidad de aplicar la Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en España en 2015 y que permite renegociar la forma en que se devolverán las deudas para que la persona afectada pueda hacer frente a sus gastos de vida diarios.
Algunos de estos empresarios llevan hasta ocho años aguardando por el pago de trabajos ya realizados y, aunque las deudas están judicializadas, muchos se resignan a no cobrarlas nunca.
