La primera sesión plenaria del curso político en Moaña finalizó alrededor de la 1 de la madrugada del jueves para el viernes. Aunque el grueso de la reunión fue tranquila, como era de esperar la tensión llegó cuando se debatió la moción del PP sobre el Camiño Escolar Seguro de acceso al CEIP Tirán. Sin embargo, poco antes ocurrió el mayor momento de confrontación política de los últimos años en el municipio, y eso que el asunto no parecía tener gran trascendencia, pero acabó con el edil de XM, Javier Carro, acusando ante toda la corporación a la concejala de Obras e Servizos, Marta Freire, de "presuntas contrataciones fraudulentas" en distintas obras adjudicadas mediante procedimiento negociado para las reformas de parques infantiles a lo largo del anterior mandato. Incidía Carro en una nota emitida el sábado 27 de julio. Ante estas acusaciones que dejaron en silencio al público presente, la socialista Marta Freire anunció que ya había puesto el caso en manos de sus abogados para demandar al propio Carro.
"Este tipo de acusacións debería facelas no xulgado. Esperaba que fora á xustiza para poder defenderme alí, así que encarguei unha demanda contra vostede" por una vulneración de su su derecho al honor. Freire aseguró que a la demanda preparada "engadirei as acusacións verquidas neste pleno e nos veremos nos xulgados".
A este punto se llegó durante el debate de una moción del PP en la que pedía reparaciones en parques infantiles en mal estado, centrándose sobre todo en la situación del recinto infantil de la alameda del centro. Javier Carro aprovechó su turno de intervención para asegurar que él había leído, una por una, las actas de las juntas de gobierno y que todas las actuaciones en los parques se les concedieron a las tres mismas empresas "con domicilio fiscal en el mismo edificio en todos los casos y con la misma administradora". Carro asegura que si Intervención autorizó esas compras es porque "solo recoge las facturas y comprueba que cada empresa no llega cada año a los 40.000 euros". Este edil pidió también al BNG, socio mayoritario del gobierno, que se desmarque de esta práctica y consideró que toda la situación "huele a podrido. La cogieron, señora Freire, y tiene que dejar su puesto de concejala", añadió.
Finalmente, en su grave acusación Javier Carro llegó a solicitar al PP que cambiase su moción para exigir, en los puntos de acuerdo, la dimisión de la propia Freire. La defensora de la moción, Silvia Rueda, le replicó que "si piensa que esa situación es así debería denunciarlo a la Fiscalía".
La moción de arreglo de parques no se llegó a aprobar al contar con el rechazo del BNG y del PSOE y después de que la propia Freire repasase las "inversións sen precedentes nas áreas de xogo de Moaña", con reparaciones en el 70% de las mismas.
En donde sí hubo acuerdo es en la moción de XM sobre la ampliación de nuevas aulas para la Escola Municipal de Música. El Concello tiene presentada una solicitud a Patrimonio para poder cerrar con un cristal parte del patio cubierto de la rectoral de San Martiño para este fin.
Economía
Toda la primera parte del pleno tuvo un marcado carácter económico. El concejal de Facenda, Aldán Santamarina, dio cuenta de los informes de seguimiento del Plan de Ajuste poniendo en valor el descenso en gasto gracias a las licitaciones de bienes y servicios, aunque se sigue sin cumplir el aumento de ingresos que requeriría una fuerte subida de impuestos.
La principal réplica se la dio la popular Sonia Riveiro, acusando al bipartito de dejar de comprar a empresas locales "para abastecerse de otras más grandes de fuera" mediante las licitaciones. Santamarina recordó que en los procesos de licitación es ilegal poner como requisito que la sede de los ofertantes esté en Moaña.
También quedó aprobado, por unanimidad, el nuevo expediente de contratación para el suministro eléctrico. Aunque el PP teme que vuelva a quedar desierto. Santamarina alega que buscan atajar la fuerte escalada de precios de la luz en los últimos años, además de defender un proceso que impondrá a las empresas suministradoras una igualdad de contratación entre hombres y mujeres y la certificación de un impacto ambiental mínimo.
Los grupos aprobaron también modificar el artículo 33 de los Estatutos del Patronato Beiramar, que permite a cada corporación fijar a partir de ahora las retribuciones en dietas por asistir a las juntas de gobierno de este órgano. Los ediles de todos los grupos pasarán a cobrar en este mandato 75 euros por reunión. En donde el gobierno se quedó en solitario fue en la modificación del ROM, que levantó polémica por medidas como retirar las dietas a los ediles que acaben siendo expulsados.
Finalmente, en la primera sesión del curso político se aprobaron los dos días festivos locales para el año 2020. Al no coincidir ninguno en jornada dominical se apostó por los festivos tradicionales: El 16 de julio por el Día do Carme y el 11 de noviembre que se corresponde con el Día de San Martiño, que son dos de las fiestas principales e históricas del municipio.
