El borrador de la nueva normativa de venta ambulante en Cangas puede suponer más problemas que soluciones, tanto entre los colectivos de vendedores como en el seno del gobierno local. El texto que dio a conocer ayer la concejala de Promoción Económica, Ánxela Vizoso (ASpUN) ya ha provocado las primeras reacciones dentro del sector de la venta ambulante y en el propio tripartito. Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) marca distancias con un documento que "non está en coñecemento do grupo de goberno tripartito" y la Asociación de Vendedores Ambulantes de O Morrazo (Asvam) ya anuncia movilizaciones si el Concello pretende aprobar el texto que se ha hecho público: "Es tan descabellado como inaudito", afirman desde la directiva. Por contra, la agrupación de comerciantes gitanos que lidera Sinaí Giménez entiende que esta propuesta significa reconocer el fundamento de la denuncia presentada hace unas semanas en los juzgados. "Al final parece que el gitano malo tenía razón", ironizaba ayer el más mediático de la familia de los Morones.

El borrador que plantea la Concellería de Promoción Económica plantea sacar a concurso todos los puestos, que tendrán una duración de cinco años y hasta un máximo de diez. La propuesta ha cogido por sorpresa a algunos de los grupos del tripartito, que piden "non entrar no disparate nin montar esta liada" en plena campaña electoral y sin cierto consenso previo. Desde ACE advierten que antes de adoptar una postura definitiva es necesario "estudar os dereitos adquiridos, tanto económicos como legais, que veñan derivados das adxudicacións existentes na actualidade". Creen que la nueva ordenanza supone revocar los actuales puestos de trabajo, "en definitiva, destruír uns para darllos a outros". ACE defiende que la normativa debe pasar necesariamente "por un diálogo e negociación" previos con el sector de vendedores ambulantes para que "a mellora da ordenanza sexa beneficiosa para o Concello e os propios comerciantes".

Los argumentos esgrimidos por una parte del gobierno local son muy similares a los que empieza a deslizar Asvam, que atribuye el borrador de la nueva ordenanza "a propaganda electoralista por parte de la concejala". Esta parte del sector comercial defiende que la Ley 13/2010 de comercio minorista ya aparece recogida en la ordenanza municipal de venta ambulante aprobada en abril de 2013. "Esta ley lo que dice es que es el Ayuntamiento el que debe verificar y controlar el ejercicio de la venta ambulante, que se debe tener licencia y que el concello en cuestión debe tener una ordenanza al respecto, como ya ocurre en el caso de Cangas", explica el secretario del colectivo de ambulantes de O Morrazo, Álvaro Ferradás.

Polos opuestos

La aplicación de la nueva ordenanza "que pretende la concejala, que no el Concello", según manifiestan desde Asvam, significaría revocar las licencias y abriría la puerta para que cientos de vendedores pidan indemnizaciones por el daño emergente, lucro cesante y el abono de todos los préstamos pendientes de abono por mor de la actividad. "No se puede hablar de revocar cientos de licencias y dejar a cientos de personas en el paro, licitando espacio público bajo el pretexto de que haya sospechas de que algunos cobran por traspasar su puesto, aspecto que ya está contemplado y regulado en la ordenanza", argumenta.

En el punto opuesto se sitúa la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Galicia, de la que forman parte los vendedores ambulantes del grupo de Sinaí Giménez. Esta entidad denunció hace poco en sede judicial las presuntas irregularidades en la tramitación de puestos del mercadillo de Cangas y entiende que este movimiento por parte del Concello es un reconocimiento implícito de la veracidad de su denuncia.