El próximo día 12 de marzo comenzarán a declarar los 89 afectados por el presunto fraude en el concesionario de vehículos de Cangas Motorcangas. Además de los particulares, aparecen en la lisa las financieras Santander Consumer y finance BBVA S. A. Consumer. Hay declaraciones fijadas por el Juzgado Número 1 de Cangas hasta el día 15 de marzo. Cada día declararán 10 personas y todas se fijaron para las 9.30 horas. Además de los particulares, el Ministerio Fiscal también figura en la lista de querellantes.

En abril de 2018, la Guardia Civil detuvo al responsable del concesionario, un empresario con mucho prestigio en Cangas, que supuestamente había defraudado algo más de 640.000 euros. Los presuntos autores del delito de estafa falsificaban la documentación aportada por los clientes para obtener financiaciones fraudulentas fingiendo la compra de otros vehículos, cometiendo, así, presuntos delitos continuados de estafa y falsedad documental. La Guardia Civil inició las investigaciones tras las denuncias de varios perjudicados en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Cangas, en estos casos concretos, por la duplicidad de las financiaciones de sus vehículos. Según las investigaciones realizadas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, los clientes acudían a comprar un vehículo al concesionario y, al gestionar su adquisición, el administrador copiaba la documentación del comprador para después utilizar en otras operaciones de financiación sobre el mismo vehículo en otras financieras. La otra modalidad de estafa consistía en utilizar los datos personas del comprador para solicitar financiación de otro automóvil distinto. De esta forma resultaron afectados por la estafa no solo los compradores, que en su mayor parte son de la comarca, sino también los titulares de los vehículos para los que solicitaba la financiación, que resultaron ser vecinos de varias provincias del territorio nacional: Madrid, Málaga, Alicante Cantabria, Valencia, A Coruña y Lugo.

Al responsable del concesionaria se le acusa de estafa, falsedad documental, revelación de secretos y alzamiento de bienes. Están en libertad. Un mes después de la detención del citado empresarios, la jueza decretó las primeras medidas cautelares contra cuatro de los cinco acusados del delito de estafa. Requirió a las entidades financieras de los afectados para que suspendieran la emisión de recibos y se abstuvieran de realizar actuaciones ejecutivas ante sus impagos. También procedió a nombrar administrador. El día 2 de julio de 2018, Motorcangas cerró sus pues y desprendió a los trabajadores. Loa administradores nombrados por la jueza descubrieron una deuda de 50.00 euros a la Seguridad Social, 100.000 a proveedores y tres meses de salarios. La mayoría de los trabajadores están recolocados y llegaron a un acuerdo en el Servicio de Mediación y Arbitraje.