Los depuradores piden en Bueu un criterio unitario en los controles sanitarios al mejillón y bonificaciones en el canon de Costas

Agade se encarga de la distribución en vivo y en fresco del 100% de la producción marisquera de Galicia y del 65% del mejillón en fresco. Por eso una de las prioridades que ayer pusieron encima de la mesa es la necesidad de que la normativa de sanidad alimentaria sea la misma en todo el Estado. La petición del sector está relacionada con los problemas que se encuentran en algunas comunidades, como Valencia, donde el criterio de los inspectores de sanidad puede bloquear varios días un cargamento de mejillón y causar enormes pérdidas ya que se trata de un producto vivo.

Desde la Subdelegación del Gobierno reconocen que ese marco común ya existe a través de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Consumo (Aecosan), pero eso no impide que los inspectores de sanidad puedan aplicar pautas distintas. Esa disparidad afecta de lleno al mejillón gallego: durante el proceso de depuración se le aplica un proceso térmico conocido como "90-90", que consiste en aplicarle una temperatura de 90 grados durante al menos 90 segundos para matar a los norovirus [un género de virus que puede causar diarrea y náuseas]. Tras este procedimiento el virus sigue presente en el molusco, pero muerto e inactivo.

La producción sale de Galicia con todos los permisos y certificaciones sanitarias, lo que no ha evitado que en otros lugares de España se paralizasen durante días algunas partidas de mejillón por la diferencia de criterios de inspectores de sanidad sobre este proceso para matar los norovirus. La consecuencia de estas paralizaciones, tratándose de un producto vivo como el mejillón, es que el molusco muere y causa importantes pérdidas. "Lo que nos pide el sector es que a través de la Aecosan se cordinen y unifiquen las normas en todo el territorio español. Esto ya es así, pero no se realiza en la práctica", apuntan desde la subdelegación.

La segunda de las demandas de Agade está vinculada a las depuradoras, donde se trata el molusco para eliminar las toxinas y luego poder comercializarlo. Estas instalaciones por lógica están ubicadas muy cerca del mar, lo que a su vez las hace sensibles a los cambios en la normativa de costas por su ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Las depuradoras necesitan de una concesión administrativa de la Dirección General de la Costa y el Mar, que implica el pago de un canon anual. Hasta la fecha la Xunta de Galicia clasificaba a las depuradoras como una actividad auxiliar de cultivos marinos, pero ahora las cataloga como centro de transformación. Ese cambio es trascendental para el sector porque deja de beneficiarse de una reducción en el canon que debe pagar al ministerio por la ocupación de ese dominio público. Esta situación afecta a las instalaciones de nueva construcción y a aquellas ya existentes que pretendan ampliar sus dependencias. Desde Agade aseguraron ayer que la desaparición de la bonificación puede llegar a multiplicar por diez el coste de ese canon.

El presidente de Agade, Roberto Fariña, subraya que la asociación agrupa a 80 depuradoras de toda Galicia y de muy diverso tamaño. "Ponemos en el mercado todo el marisqueo de Galicia y el 65% del mejillón, lo que significa 170.000 toneladas al año. Con esta visita queríamos que viesen la naturaleza de nuestras empresas, donde están situadas y cuáles son nuestras necesidades. Aunque el grado de comprensión por parte de la Admistración es alto a veces es difícil entender algunas peticiones si no se ve in situ donde trabajamos", manifestaba al final del encuentro.