El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, (ACE) puso en manos de los servicios jurídicos la solicitud realizada por la UTE Gestión Cangas para llevar a cabo el denominado plan de necesidades urgentes. La concesionaria del ciclo del agua advirtió, al mismo tiempo que realizaba la petición, que eludiría responsabilidades en el caso de que los trabajos que solicita llevar a cabo no obtengan el visto bueno del concello.

Mariano Abalo recuerda el informe del secretario del Concello de Cangas en el que deja claro que ya se dieron las autorizaciones para los proyectos presentados en una junta de gobierno de abril de 2015, cuando aún gobernaba el Partido Popular con Nardo Faro Lagoa como socio. Pone como ejemplo buena disposición del Concello el proyecto que se llevo a cabo en Herbello. Asegura el concejal que el alcalde la concesionaria con este tipo de actuaciones trata de esconder los graves incumplimientos contractuales que existe. Así, señala que la Xunta de Galicia reiteró el mal funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cangas, ubicada en Areamilla. El gobierno local siempre consideró que la empresa podía actuar. También manifiesta que aumenta el número de vertidos incontrolados denunciados por los vecinos y anuncia que no descarta llevar la situación actual de la concesionaria en Cangas a la Fiscalía. El edil habla de incumplimiento flagante y de abandono del servicio que debería prestar.

Ahora mismo la situación es incómoda para la concesionaria del ciclo del agua. Mariano Abalo hace todo lo posible para desprenderse del contrato firmado por el ex alcalde de Cangas. En el mes de noviembre, el gobierno local, a instancia suya, inició un proceso para declarar nulo el contrato de la UTE del agua. Al mismo tiempo tiene abierta la fórmula de la rescisión del contrato que sufrió un traspiés en el Consello Consultivo de Galicia, ya que pidió una ampliación de documentación, porque faltaba los informes de Intervención y Secretaria. Que se sepa, el expediente no volvió al Consello Consultivo, de hecho caducó de nuevo, por lo que sería el pleno de la corporación municipal quien tendría que aprobar de nuevo un tercer expediente de rescisión de contrato. Al gobierno municipal, concretamente al concejal Mariano Abalo le hubiese gustado que este conflicto estuviera resuelto antes de las elecciones municipales que se celebran en el mes de mayo. Todo hace suponer que no será así y que será la corporación que salga de los nuevos comicios la que tendrá que decidir.