La Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) de Bueu tiene registradas en sus dependencias alrededor de 320 reclamaciones de vecinos que solicitan a sus respectivos bancos la devolución de los gastos hipotecarios. La OMIC tenía previsto convocar una asamblea para el próximo martes 6 de noviembre con la presencia de abogados del bufete que asesora al Concello de Bueu para explicar a los afectados la situación y decidir el camino a seguir. La fecha de esa reunión se fijó después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo en la que establecía que las entidades bancarias deberían asumir el pago de los impuestos derivados de la hipoteca. Sin embargo, el frenazo en seco a esa interpretación que se produjo apenas 24 horas después ha obligado a cambiar los planes y a aplazar ese encuentro.

Ayer mismo el Tribunal Supremo fijaba para el lunes 5 de noviembre la reunión del pleno de su Sala de lo Contencioso-Administrativo. De ese plenario debería salir la posición definitiva, la que debe establecer quién pagará los impuestos de la hipoteca. Desde la OMIC de Bueu explican que lo más prudente es esperar hasta entonces para que los abogados puedan estudiar esa resolución y sus posibles implicaciones.

Los escenarios posibles, a priori, son dos. El primero sería que el Supremo mantenga el nuevo criterio que dio a conocer el jueves, obligando a las entidades a asumir ese pago. En ese caso lo que se propondría desde la OMIC de Bueu a los afectados es volver a dirigirse a los servicios de atención al cliente de cada banco para solicitar la devolución del dinero o bien presentar una demanda colectiva en vía judicial.

El segundo escenario sería que el Tribunal Supremo dé marcha atrás, resolviendo que deben ser los clientes los que hagan frente a los impuestos de actos jurídicos documentados. La responsable de la OMIC de Bueu, Manuela Millán, precisa al respecto que en todo caso esto no altera el contenido de la sentencia del propio Supremo del mes de marzo, en la que establecía que el banco sí debía hacer frente al resto de los costes asociados a la formalización de una hipoteca: notaría, Registro de la Propiedad y gestoría. La cuantía de estos gastos es notablemente inferior al impuesto de actos jurídicos, pero cada afectado podría recuperar de media entre 1.000 y 1.500 euros, estiman desde la oficina de consumo de Bueu.