Sinaí Giménez no desaprovechó su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 y el fiscal jefe por un supuesto delito de falsedad documental para desmentir las acusaciones que lo sitúan en el centro de una trama de extorsión a comerciantes de los mercadillos ambulantes para que se plegaran a sus exigencias. "Nadie, en ningún momento, forzó o coaccionó a nadie a formar parte de las cooperativas ni a dejar de pertenecer a ellas", recalcó luego en un comunicado remitido por la Sociedad Gitana de Galicia, colectivo vinculado a los Morones y que se hace eco de sus postulados. "Toda esta causa está propiciada desde la mentira y la calumnia", abunda.
También hay plena coincidencia entre las declaraciones de los investigados y de sus abogados. Tanto Emilio Cortés Bechiarelli como Cándido Conde Pumpido -que defiende a los hermanos Saúl y Marino Giménez (este último, ayer, "por sustitución")- repararon en las "evidentes patologías procesales y constitucionales en la cadena de custodia" de teléfonos móviles y tabletas o "anomalías y vicios estructurales en la forma de captación de las pruebas originales" que esperan que tengan "reflejo en el procedimiento" en beneficio de sus clientes. Algunas de esas pruebas "creemos que son nulas y que se fabrican a posteriori", señaló Conde Pumpido.
