David Pérez Laya, el juez instructor del caso denominado "Operación Vida", relacionado con las presuntas actividades ilegales en los mercadillos de Pontevedra del clan gitano de los Morones, que supuso el ingreso en prisión para el líder de clan, Sinaí Giménez y tres de sus hermanos, Juan Paulo, Saúl y Marino (este en libertad provisional), dictó un acto por el que acuerda no entrar a resolver una solicitud realizada por Sinaí Giménez desde la cárcel de Villabona, en Asturias. Se trata de un escrito de puño y letra del investigado en el que solicita que se practiquen una serie de pruebas. El juez señala que la citada solicitud no se realizó a través de su asistencia letrada.

Sinaí Giménez escribe al juez desde la cárcel de Villabona, donde ya lleva ingresado más de un año, acusado de delitos de extorsión, blanqueo de capitales, banda de organizada y tráfico de drogas, entre otros delitos. En su manuscrito saca a relucir artículos de la Constitución Española para solicitar la práctica de pruebas pertinentes "para mi legítima defensa". Esgrime que todas las personas tienen derecho a tener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales y así no pueda producirse indefensión. Por todo ello, Sinaí Giménez solicita al juez que llame a declarar a los secretarios de los ayuntamientos donde se celebran mercadillos de venta ambulante y también a los cooperativistas y sus socios y trabajadores. Los mercadillos a los que hace mención son Santiago, Vilagarcía, Cambados Sansenxo, Marín, Redondela, O Grove Cangas, Moaña, Mos, Vigo, Ponteareas, Salceda, Tui, A Guarda, Baiona, O Porriño, Mondariz, Tomiño y Gondomar. También pide que se cite a declarar al secretario de la Subdelegación de Gobierno de la provincia de Pontevedra, así como a la ex directora xeral de Comercio y al actual.

Pretende además que se oficie a la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra para que emita informe referente a las solicitudes de permisos para manifestaciones y concentraciones."De igual forma que esta entidad remita a este juzgado el listado anual de las nuevas licencias concedidas para la venta ambulante. Pide que los concellos antes mencionados presente un listado de vendedores ambulantes desde el año 2001 hasta el 2017, listado anual de licencias concedidas y titulares de los mismos, haciendo constar el número de puestos, los días que le corresponde la venta en mercado y número de metros concedidos, así como las deudas contraídas por los vendedores ambulantes, "haciendo saber nombre y apellidos, así como el número de puestos". Su lista de peticiones también alcanza al número de licencias concedidas a las cooperativas ambulantes y a los socios de las cooperativas.

La petición manuscrita fue realizada en 24 de mayo de 2017 desde la cárcel de Villabona, en Asturias.