El Concello de Cangas no promoverá ningún proceso para intentar regularizar cerca de un centenar de construcciones en la franja litoral afectadas por la Ley de Costas si no existe consenso político al respecto y todos los grupos tiran en la misma dirección. Con la intención de lograr ese acuerdo, el edil de Urbanismo, Mariano Abalo, ha convocado para el miércoles una junta de portavoces en la que pretende poner coto a las "suspicacias e mentiras compulsivas" que, en su opinión, está vertiendo el PP a través de su concejal Rafael Soliño, y establecer una estrategia común que permita defender los derechos de los propietarios de viviendas y anexos en los nueve núcleos afectados: Rodeira I, Rodeira II, Santa Marta, Liméns, Areabrava, Arneles-Vilariño, Espiñeira, Francón y Menduíña. Ninguno de ellos figura en el planeamiento urbanístico vigente en el municipio, las Normas Subsidiarias aprobadas en 1993, y, de no presentarse ahora el recurso ante el Ministerio de Medio Ambiente, las posibilidades de regularización quedarían aparcadas hasta la redacción del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Mariano Abalo aboga por lograr un consenso para continuar en esta lucha de la que dependen casi un centenar de vecinos, pero insiste en que la oposición, principalmente el PP a través del exedil de Urbanismo, Rafael Soliño, no hace más que meter palos en las ruedas poniendo en duda las gestiones y la transparencia del procedimiento emprendido por el gobierno tripartito para intentar regularizar dichos núcleos a través de las vías que ofrece una disposición transitoria de la Ley de Costas que permitiría modificar la línea de dominio público terrestre de los 100 a los 20 metros en aquellos núcleos consolidados antes de 1988, aunque no a las construcciones levantadas posteriormente.

Las limitadas posibilidades de resolución del asunto se han ido enturbiando con acusaciones entre representantes del actual gobierno y del anterior, poniendo en duda el rigor y la transparencia de los documentos presentados. Abalo insiste en que ha dado cuenta a la oposición de todos los trámites realizados y de las decisiones de la Xunta de Goberno Local, de las que se ha levantado acta, y acusa al PP de alentar "un clima de confusión e difamación" que no contribuye a solucionarlo. Arremete duramente contra Soliño, al que encuentra "rabioso porque ve que se lle acaba o negocio" vinculado a su profesión de arquitecto técnico, y apunta la posibilidad de emprender acciones legales contra él por haber simultaneado su cargo de concejal de Urbanismo con su trabajo como aparejador, beneficiándose de su representación institucional como "trampolín" para acaparar clientela.

Las diferencias se dejaron sentir, una vez más, en el Pleno de anteanoche, que el alcalde levantó en medio de una tangana entre Mariano Abalo y José Enrique Sotelo, del PP. Más allá de los enfrentamientos personales, Abalo supedita cualquier decisión sobre los núcleos a lo que se acuerde el miércoles en la junta de portavoces, y ya adelanta que "imos retirar ese recurso" si no hay consenso al respecto.