El Ministerio de Medio Ambiente deja claro que la exclusión del dominio público, que se aprobó para 12 localidades de España como un anexo de la reforma de la Ley de Costas de 2013, entre los que se encuentra Moaña, "es irreversible". Desde Costas responden así ante la última situación generada en el municipio cuando un vecino inscribió su piso del emblemático edificio Salitre, afectado por el deslinde marítimo terrestre, en el Registro de la Propiedad, pero en el certificado firmado por Costas de Pontevedra sigue figurando como que la vivienda está afectada. La propia jefa provincial de Costas, Cristina Paz-Curbera, aseguraba en Moaña la semana pasada que no podía figurar otra cosa más que la afección.

Esta situación provocó inquietud entre los vecinos con viviendas afectadas que también están en tramitación para inscribirlas en el Registro de la Propiedad. De hecho, algunos de las que lo habían solicitado y se les negó al principio, están volviendo a ser citados, para realizar la tramitación, por eso que extrañó que el certificado de Costas provincial vinieran en ese sentido.

El Ministerio de Medio Ambiente siempre aseguró que para los lugares excluidos del dominio público marítimo era necesario aprobar en Consejo de ministros una Orden Ministerial que recoja las especificaciones propias para su desarrollo. La modificación de la Ley de Costas, que libró a muchas construcciones de la piqueta de Costas, se aprobó en 2013 y casi un año después se aprobó el Reglamento General de Costas, que es el instrumento que rige el desarrollo de la modificación de la Ley. El ministerio ya había aclarado que en ese reglamento no figuraban las especificaciones propias para los lugares excluidos del dominio público y que habría que aprobar una Orden Ministerial. El Reglamento se publicó en octubre de 2014 y cinco meses después todavía está sin publicar la Orden.

En Costas aseguran que se "está trabajando conjuntamente con los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas para concluir esta Orden Ministerial". También añaden que se trata de una Orden cuya redacción es "de gran complejidad", pero insisten en que la exclusión del Dominio Público Marítimo terrestre (DPMT) recogido en la Ley de Costas es "irreversible y tiene como objetivo amparar al titular de derechos de propiedad, por lo que no tienen nada que temer los afectados".

La solución al problema de Costas, que en Moaña afectaba a unas 200 familias y que se arrastraba desde la aprobación de al ley de Costas de 1988, era uno de los objetivos del actual alcalde, el popular José Fervenza, cuando asumió el cargo en 2011. La solución se consiguió a través del grupo de senadores, liderados por Enrique López Veiga, que presentaron una enmienda que fue aprobada en la Cámara Alta, y que recogía esta exclusión de Moaña. Fervenza está tranquilo en este sentido y dice que no hay marcha atrás.