Vecinos del edificio Pintos acuden al TSXG para evitar el derribo por "imposibilidad técnica"

El derribo del edificio Pintos, en Loureiro, volverá al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Las propietarias de uno de los pisos afectados presentarán un recurso de inejecución por la imposibilidad material de cumplir la sentencia y aportarán un nuevo estudio técnico elaborado por un arquitecto en el que se advierte de que la materialización del fallo judicial significaría una "ruina técnica". "Se afectará a una zona sensible del inmueble que no se incluía en la sentencia", afirma el arquitecto autor del informe, Felipe Suárez Bermúdez.

El recurso intenta frenar el derribo ordenado por los tribunales y el proceso de desalojo notificado por el Concello de Bueu a todos los inquilinos tras adjudicar el contrato de demolición. Los asesores de las vecinas denunciantes achacan al ayuntamiento que ese proceso no es acorde a una situación "tan delicada" como la de este caso. Empezando por el tipo de licitación y el presupuesto de obra: el contrato se licitó por 105.000 euros y finalmente se adjudicó por 70.000 debido a las mejoras ofertadas por la adjudicataria. "Es un presupuesto temerario. Con los 105.000 euros iniciales lo único que se podía hacer era intentar estabilizar la cimentación. En realidad deberíamos hablar de al menos 400.000 euros y de ahí para el norte", ilustra el arquitecto.

Los técnicos explican que la "ruina técnica" que se alegará en el recurso se debe a que la demolición ordenada por el tribunal afectará en más de un 50% al valor de la parte que queda en pie, lo que hace inviable su conservación. "Estamos hablando de que lo que quedaría en pie sería un esqueleto, se afectaría al sistema envolvente, a las instalaciones y quedaría afectada la habitabilidad del edificio", enumera Felipe Suárez. La imposibilidad de ejecutar literalmente la sentencia se argumenta también en base a que la estructura de un edificio "es un todo, un conjunto en el que no se pueden aislar las partes". Esto significa que para cumplir el fallo será necesario perjudicar y demoler parcialmente pisos que no se hallan señaldos por la sentencia. "Es una desproporción enorme, se va a generar un problema más grande del que ya existe", explican. Todo ello con el agravante de que los propietarios compraron sus pisos "libres de cargas y gravámenes" puesto que la sentencia no se anotó en el Registro de la Propiedad. "El Concello también es culpbale: recibió una denuncia, acordó un convenio y luego no lo incluyó en el planeamiento de la época", denuncian.

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