El Juzgado da la razón al Concello de Bueu y lo exime de pagar 391.000 euros a Aqualia

El Concello de Bueu se ha adjudicado una importante victoria en los tribunales ante Aqualia. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra ha desestimado la demanda de la concesionaria de aguas por la que reclamaba al concello más de 391.000 euros de atrasos por la actualización de tarifas, que no se llevó a cabo, entre los años 2006 y 2012. La empresa había presentado a lo largo de ese periodo escritos en el concello para reclamar la subida de las tasas y, ante la falta de respuesta del gobierno local, optó por recurrir a los tribunales, que ahora han echado por tierra su tesis en primera instancia, ya que la sentencia puede ser recurrida. El alcalde de Bueu, Félix Juncal, hizo pública ayer la sentencia en un acto en el que estuvo arropado por los concejales de Facenda y Servizos, José Cuervo y Fidel Castro, respectivamente. El regidor manifestó su satisfacción por el fallo aún con las reservas lógicas por el hecho de que aún no sea firme.

Aqualia había suscrito un contrato con el concello en el año 2000 para hacerse cargo de la concesión del servicio de aguas por 25 años. En 2005 se aprobó una actualización de tarifas y la empresa quiso volver a subir las tasas a partir de 2006. Juncal explicó que la idea de la concesionaria era que "as actualizacións eran automáticas en virtude do contrato suscrito, mentres que o concello entendía que isto non operaba automaticamente e que non procedía". El gobierno local amparó su defensa en la cláusula que recogía la posibilidad de revisar el coste unitario "cuando se produzcan variaciones en los costes de los servicios o modificaciones sustanciales del mismo y, por lo tanto, se altere el equilibrio económico-financiero de la concesión".

Precisamente el fallo judicial se fundamenta en este apartado, al considerar que la empresa no ha acreditado "ni en vía administrativa ni en esta judicial" que se produzcan las circunstancias anteriormente mencionadas. Es decir, que esa compensación económica solo tendría cabida en caso de que el concello ordenase modificaciones en el servicio que incrementasen costos o disminuyesen retribución o en caso de aparecer circunstancias "sobrevenidas o imprevisibles" que supusiesen la ruptura de la economía de la concesión, algo que no se ha demostrado.

Juncal subrayó que además de los más de 391.000 euros reclamados en concepto de atrasos se planteaba un incremento acumulado "dun 30 por cento das tarifas". En este sentido, manifestó que "o goberno local sempre ten a actitud de defender a ultranza os intereses públicos e máis aínda neste contexto de crise económica". Y destacó "a valentía do goberno municipal ante empresas concesionarias que están acostumadas a que non se revise o cumplimento do pliego de condicións". Recordó que el concello pidió a la empresa que justificase la existencia de un desequilibrio financiero para subir las tasas "e nunca o fixo".

Asimismo, el alcalde buenense manifestó que se mantendrá una política de "tolerancia cero coas corporacións que consideran que os concellos son débiles", y anunció que en los próximos días se podría abrir algún expediente sancionador más a Aqualia por vertidos o infraestructuras que no están funcionando correctamente.