El nuevo pliego de cláusulas para contratar el servicio integral de aguas (abastecimiento, saneamiento y depuración) de Cangas ya no fijará una garantía provisional a las empresas que opten al concurso. El gobierno municipal, atendiendo a las recomendaciones de sus técnicos de las áreas jurídica y económica, han optado por eliminar esa condición después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales decidiera estimar una alegación de Gestagua que considera "desproporcionada y carente de justificación" la cuantía de 1.663.212 euros que figuraba como fianza en el documento impugnado. En los últimos días barajaron rebajar la cantidad, pero finalmente se optó por eliminarla para esquivar otros posibles recursos por este motivo. Además, el nuevo pliego eliminará las referencias a la aplicación del IPC anual para actualizar las tarifas de la futura concesionaria, corregirá errores terminológicos como el uso de bimensual por bimestral y establecerá una prórroga forzosa a la contratista para que se haga cargo del servicio un máximo de seis meses más en caso de que termine la concesión por 25 años y no se haya formalizado su relevo.

La decisión municipal se adoptó tras una reunión celebrada ayer por la mañana en el despacho de la Alcaldía para valorar las consecuencias de las últimas resoluciones administrativas y su aplicación en el pliego de cláusulas. Además del regidor asistieron las secretaria, la interventora y la tesorera municipales, encargadas de los aspectos técnicos del documento en colaboración con la consultora Lagares Oca. La opinión más repetida es que no conviene establecer garantía provisional alguna porque, sea cual sea, habría que justificarla y abriría la posibilidad a que se vuelva a recurrir el pliego. Además, al omitirla se incrementa el abanico de empresas que pueden presentar ofertas al concurso sin depender de esas limitaciones económicas.

Otra de las correcciones se refiere a la aplicación del Índice de Precios de Consumo (IPC) a la hora de revisar anualmente las tarifas y que desaparece en atención a la Ley de Desindexación de la Economía, que desvincula los precios de los servicios públicos del IPC a partir de este año y crea un nuevo índice de referencia destinado al sector privado, supuestamente para "moderar las tensiones inflacionistas". En atención a este requisito habrá que modificar la fórmula matemática y definir el nuevo algoritmo a aplicar, una cuestión que dirimirán esta mañana los técnicos municipales y de Lagares. Si el asunto se resuelve durante la jornada y a la hora del pleno (8 de la tarde) está redactado el nuevo pliego, se incorporará por urgencia para su aprobación. De lo contrario, sería en una próxima sesión extraordinaria.