El decano del Colegio de Abogados de Pontevedra, Ramón Jáudenes, llega mañana a Cangas para mantener una reunión con los profesionales en la sala habilitada en los juzgado de Cangas para los abogados y procuradores. Ramón Jáudenes quiere recibir de primera mano las quejas de sus compañeros, que se oponen con rotundidad a que desaparezca el partido judicial de Cangas en el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende presentar el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. También tiene la intención de entrevistarse después con el alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo (PP) con el fin de configurar estrategias conjuntas encaminadas a mantener el partido judicial de Cangas. No hay que olvidar que el anteproyecto que se presentó pretende no solo que desaparezcan los tres juzgados de Cangas, sino también los de Paz de Bueu, Moaña y Vilaboa.

En su comunicado a los letrados que operan en los juzgados de Cangas, el Colegio de Abogados de Pontevedra señala que "nuevamente, con la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que pretende cambios en la planta aún mayores, gravemente perjudiciales no solo para la ciudadanía, sino para muchos de nuestros compañeros, hemos vuelto a realizar un nuevo informe crítico con aquélla, y a ofrecernos a través de nuestro decano a explicarlo a todos los alcaldes cabeza del partido judicial, de los once que comprenden el ámbito de nuestro colegio."

El colectivo de abogados de O Morrazo ya señaló en el mes de abril que "no puede compartir las políticas que tiene como finalidad recortar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, no dar servicios y alejarlos de los ciudadanos. Existirán ciudadanos de primera (los que pagan las tasas y que además viven en la capital de la provincia) y los de segunda (los demás)". También apuntan que si la ley prospera habrá ciudadanos preferentes, que so los que pueden pagar tasas y vivir en A Coruña, pues en esta ciudad tendrán los tribunales de instancia y de apelación.

El Concello de Cangas, mediante un acuerdo plenario, ya se opuso en su momento, al anteproyecto de la ley que pretende sacar adelante Alberto Ruiz Gallardón. Aseguran que la nueva ley haría que la Justicia retrocediera 30 años y reclaman más dotación para los actuales juzgados de Cangas, cuyo edificio puede quedar lóbrego si prospera la idea de Gallardón. Desde el gobierno local se recuerda la inversión que la Xunta de Galicia realizó en infraestructuras en Xustiza en los últimos años.