La funcionaria del cuerpo de gestión administrativa de los juzgados Cangas que acudió a la justicia para defender su derecho al permiso por riesgo de lactancia natural de su hija menor de 12 meses recibió la sentencia del Contencioso- Administrativo número 1 de Vigo denegándole ese derecho. El juez estima que no existe riesgo por distancia entre el domicilio de Yolanda Rodríguez, en Chapela (Redondela), y su puesto de trabajo en los juzgados de Cangas. Se justifica en el informe que emitió en su día la mutua y por el que acudió al Contencioso contra la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

La sentencia mantiene que no basta con que un facultativo del servicio público de salud asevere la existencia de peligro y asegura que desconoce los motivos por los que sí se le concedieron seis meses de licencia de lactancia con su primer hijo, que se sumaron a la baja de maternidad. El juez apunta a que este derecho se refiere a licencias por enfermedad o cuando un accidente impide el normal desempeño de las funciones.

Esta decisión sentó como un jarro de agua fría a la funcionaria, que había solicitado una excedencia mientras durase este periodo de lactancia natural y esperaba, sobre todo, que se reconociese un derecho al que optan muy pocas mujeres, sobre todo por desconocimiento. Considera "superfluas" las explicaciones del juez, sobre todo cuando alude a que procurar a su hija una lactancia natural es una opción personal. En este sentido recuerda que "la lactancia materna es básica para la salud y el estado de desarrollo de los bebés, y es la propia Administración a través de la Consellería de Sanidade quien dice que deben ser alimentados exclusivamente de esta forma hasta los seis meses y de forma complementaria hasta los dos años". Asegura que la evaluación de su puesto de trabajo se realizó por teléfono y sin comprobación alguna por parte de la Administración. Lamenta que no se haga referencia a las alternativas que debería adoptar si seguía en su puesto. "¿Debería abandonarlo varias veces durante la mañana para realizar el trayecto entre Chapela y Cangas o tendría que traerme a mi hija conmigo al trabajo?", se pregunta. Asegura que la sentencia no fundamenta la contradicción de la propia Administración "que dice que entre los riesgos a respetar se encuentra el de evitar los desplazamientos". Añade que es falso que escogiese libremente trabajar en Cangas "porque promocioné en mi puesto y Cangas es la plaza que me ofrecieron".

Mientras analiza la posibilidad de recurrir deberá afrontar las costas judiciales hasta un máximo de 250 euros. Ya remitió escrito de protesta al Valedor do Pobo, a los colectivos de pediatras y a la Presidencia de la Xunta, pues considera que la denegación de este derecho a las trabajadoras supone una "hipocresía, pues queda muy bonito en las leyes, pero en la práctica si lo quieres tienes que atreverte pelear por él, con el miedo al despido que tiene mucha gente". Apunta a que se trata de un derecho proteger los primeros meses de vida de los niños, igual que se protege el embarazo.