Trabajadores en la marina mercante noruega piden apoyo para demandar al Gobierno nórdico

Después de seis años de gestiones, la Asociación Long-Hope, que aglutina a los trabajadores españoles -en su mayoría gallegos- empleados en la marina mercante noruega, siguen sin conseguir una solución a su petición, que pasa porque Noruega les devuelva las contribuciones por impuestos que pagaron durante sus años de trabajadores en este país, pero que el gobierno de Oslo no les reconoce para la pensión porque argumenta que no eran trabajadores físicamente en tierra, sino que estaban embarcados. Tres directivos de esta asociación, encabezados por su presidente Ricardo Lustres, de Sanxenxo, y acompañados por cuatro vecinos de Moaña afectados por esta situación, se reunieron ayer con el alcalde, José Fervenza, dentro de un calendario de reuniones con las instituciones gallegas para pedir su apoyo a la demanda que pretenden interponer contra el Gobierno noruego en aquel país.

En la reunión, y como afectados de Moaña, estaban Luis Trigo, que tiene sobre sus espaldas 18 años de trabajo en la marina mercante del país nórdico; David Santomé, que permaneció 8; Antonio Patos, 24 y Gerardo Sequeiros en representación de su madre, viuda de un extrabajador en Noruega.

La Asociación ya había conseguido hace dos años que el Parlamento Europeo reconociera que Noruega había cometido una injusticia social con ellos e instó tanto al país nórdico como a España- a llegar a un acuerdo y buscar solución. El problema, asegura Lustres es que el Gobierno noruego argumenta que los trabajadores anteriores a 1994, cuando se firmó el convenio de colaboración con la UE, no eran considerados emigrantes en ese país ya que no eran residentes en tierra, sino que estaban a bordo de barcos, por lo que no se les reconoció derecho a la prestación de ningún tipo "pero sí para pagar impuestos. Para eso sí éramos igual que un trabajador en tierra". Señalan que hasta 1994 pagaron los impuestos denominados "Skatt" , similar al IRPF español, pero de nada les valió porque no han podido cotizar por ello para sus pensiones, por eso que su demanda se plantea en conseguir la devolución de esas cantidades que pagaron y que se les cobraron, en consecuencia, de forma injusta. Dicen que el problema se agrava cada vez más porque son gente mayor "e non podemos seguir agardando indefinidamente unha solución que non acaba de chegar".

A lo largo de estos años, incluso llegaron a acudir al Defensor del Pueblo noruego, pero en vista de la falta de resultados, decidieron finalmente llevar al Gobierno noruego a los tribunales y contactaron con un abogado español y un bufete de Oslo. El problema que surgió fue el económico. Los abogados noruegos les pidieron, explica Lustres, que llegar al Supremo tendría un coste aproximado de unos 300.000 euros, por lo que en un principio se pidió reunir 100 socios que aportaran cada uno 2.000 euros, con el fin de presentar demandas individuales. Desde la Asociación se intentó rebajar las cantidades y se llegó a un acuerdo de que se intentaran reunir al menos a 150 socios que aportarían 1.750 euros cada uno.

A día de hoy, la asociación no ha logrado reunir el importe económico necesario, de ahí que haya iniciado esta ronda de contactos con las diferentes administraciones para recabar su apoyo. Ya estuvieron en los concellos de Sanxenxo y de Marín, ayer acudieron a Moaña, en donde el alcalde se comprometió a gestionar las ayudas necesarias, y mañana jueves se reunirán con el regidor de Cangas.

Los trabajadores insisten en que ellos fueron a trabajar legalmente a Noruega y que se les deben reconocer sus derechos como tal.