Cangas y Moaña firmarán sin Bueu el convenio con Sogama para mantener el servicio y saldar 3 millones de deuda
La propuesta establece un plan de pagos hasta 2020 con 82 mensualidades - El Concello buenense podrá adherirse después

Una reunión de los tres alcaldes de O Morrazo con el presidente de Sogama, Luis lamas, al fondo. // G.N.
MOAÑA
La Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) remitió al presidente de la Mancomunidad de Concellos de O Morrazo y alcalde de Moaña, José Fervenza, la nueva propuesta de convenio para dar continuidad al tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la que solo figuran los Concellos de Cangas y Moaña, sin adherirse Bueu, que sin embargo, de acuerdo a una de las cláusulas, estará obligado a cumplir las mismas condiciones, tanto de pago de la deuda como de la prestación del servicio. Además de dar continuidad al servicio, la propuesta de convenio incluye saldar la deuda pendiente contraída por esta Mancomunidad frente a Sogama que cuantifica en 3.013.214 euros, frente a los 1,6 que en principio figuraban en el plan de ajuste que se aprobó a finales de año para saldar la deuda principal de 6 millones con esta entidad.
El convenio fue ayer tratado en una reunión técnica que había convocado el presidente en Moaña entre el interventor y tesorero de la Mancomunidad con sus homólogos de cada Concello. Sin embargo, no acudió ningún representante de Bueu, gobernado por el BNG, que sigue sin llevar a pleno, meses después de que Cangas y Moaña lo hicieran, la propuesta de firma del convenio alegando la necesidad de informes de la Diputación, que ya lo entregó, y de la secretaria, que continúa pendiente.
La propuesta de convenio de Sogama, tratada ayer, establece ocho cláusulas. El objeto es dar continuidad al servicio de tratamiento de residuos, regular el proceso de transición que media entre la extinción del contrato suscrito en 2004 entre la Mancomunidad y Sogama hasta la formalización de los nuevos convenios, y la extinción de la deuda. La segunda cláusula cuantifica la deuda en esos 3 millones de euros y establece un plan de pagos entre 2014 y 2020, que se hará efectivo por parte de la Mancomunidad, y en función del porcentaje de participación de cada Concello, con 82 mensualidades. El desglose que realiza por años es de 244.188 euros a liquidar en 2014; 616.638 en 2015; 397.444 en 2016; 419.194 en 2017; 453.168 en 2018; 464.403 en 2019 y 418.176 en 2020. La cláusula cuarta hace relación al compromiso entre las partes en el que se detalla que la Mancomunidad gestionará el contrato firmado en 2004 hasta que los concellos integrantes firmen un convenio de adhesión y seguirá abonando la deuda pendiente, según el Plan de pagos. Con respecto a Bueu "y mientras no se adhiera al convenio, cumplirá las mismas obligaciones existentes en al actualidad con Sogama, tanto de pago de la deuda como de la que siga generando por la prestación del servicio". Por lo que respecta a los Concellos de Cangas y Moaña abonarán directamente a Sogama, desde la aprobación del convenio, el coste del servicio y a la Mancomunidad sus porcentajes de participación en la deuda de acuerdo al plan de pagos. En cuanto a Sogama, consta que abonará a la Mancomunidad, previa suscripción de un convenio específico, el coste de operación y mantenimiento de la planta de transferencia de O Morrazo por las toneladas tratadas mensualmente y suspender las actuaciones judiciales.
Como cláusula séptima, se hace constar que con respecto al Ayuntamiento de Bueu, integrante de la Mancomunidad que no suscribe dicho convenio, las partes acuerdan que pueda adherirse en cualquier momento.
Hay que recordar que la Mancomunidad firmó en mayo de 2004 un convenio con Sogama para el tratamiento de los residuos, pero a lo largo de los años no hizo frente a los pagos debido a las precarias situaciones económicas de los concellos y la subida de los costes, por lo que generó una deuda y que Sogama la denunciara en los tribunales. El año pasado, bajo la presidencia de Cangas, se acordó pagar a Sogama la deuda principal de 6 millones de euros acogiéndose la Mancomunidad al plan estatal de medidas urgentes contra la morosidad.
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