La Diputación de Pontevedra ni se plantea la posibilidad de asumir las competencias en materia de residuos sólidos urbanos en O Morrazo. La institución provincial confirmó ayer que recibió hace unos días un escrito del Concello de Bueu en el que le instaba a pronunciarse al respecto, pero su negativa de momento es clara. La razón es que ello implicaría rescatar un contrato que ahora mismo está adjudicado por medio de una concesión a una empresa privada, Recolte (antes GSC). Un "rescate" que supondría un elevado desembolso económico y que resulta inasumible. "Habría que compensar a la concesionaria por el lucro cesante del contrato", subrayan.

El ayuntamiento buenense quería saber el posicionamiento de la Diputación antes de ratificar el convenio con Sogama para el tratamiento de los residuos, que también está pendiente de un informe de la Secretaría municipal. Los servicios técnicos provinciales admiten que la posibilidad que plantea el Concello sí que "existe", pero precisan que el procedimiento no es tan sencillo. La última reforma de la administración local otorga a las diputaciones la facultad de coordinar o no de este servicio, que en todo caso sigue siendo de competencia municipal y de prestación obligatoria. En el caso de que la Diputación de Pontevedra decidiese impulsar esta alternativa aún quedarían dos trámites: el primero, que el concello o concellos en cuestión aceptasen la propuesta, a la que podrían oponerse; y, en segundo lugar, sendos pronunciamientos de la Xunta de Galicia y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El escrito enviado por el Concello de Bueu la semana pasada insta a la Diputación a que aclare si va a asumir esas competencias, al amparo de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Todo pese a que quiere seguir conservando esas competencias en aras de la "defensa da autonomía local", en palabras de su alcalde, Félix Juncal. Pero al mismo tiempo también quiere saber a que atenerse y cuáles son los planes de la institución presidida por Rafael Louzán. Los servicios técnicos provinciales son claros y a priori descartan esta posibilidad. "Existe un acuerdo con más de una veintena de municipios de la provincia, la mayoría de la zona norte, y en todos los casos son ayuntamientos en los que el servicio se gestiona de manera directa", explican desde la Diputación. Citan por ejemplo los casos de A Estrada, Dozón, Agolada, Cotobade o Rodeiro.

El caso de Cangas, Moaña y Bueu es diferente. En primer lugar por que la prestación de la recogida y tratamiento está mancomunada y, en segundo lugar, porque el servicio se presta de manera indirecta, a través de una concesionaria a la que habría que indemnizar si se resuelve el contrato de manera prematura. Recolte asumió el servicio en O Morrazo en mayo de 2010 y ese contrato está a punto de llegar a su ecuador. La duración pactada es de ocho años, aunque con la posibilidad de una prórroga automática por un año en el caso de que ninguna de las partes se oponga. "En esta primera fase estamos trabajando con los ayuntamientos que tienen una gestión directa y más adelante se estudiará la posibilidad de extender la colaboración a aquellos en los que exista una concesión", explican desde la Diputación de Pontevedra.