El Concello de Cangas no está obligado a pagar a la empresa Acciona Agua los 681.813 euros (más intereses) que la empresa le reclama por el exceso de gastos en el servicio de depuración de la EDAR de Balea entre los años 2008 y 2011 que habrían producido un "desequilibrio económico" en las cuentas de la mercantil con respecto a las previsiones del contrato. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra entiende que la concesionaria asumió el servicio a su riesgo y ventura y que en el periodo señalado no se produjo ninguna alteración determinante en las condiciones del servicio más allá del incremento de usuarios, que no se puede considerar gravoso porque a su vez supondría más ingresos a la explotadora por el cobro de las tarifas. La juez rechaza también la obligación de indemnizar a la concesionaria por el mismo concepto desde 2011 hasta la fecha de finalización del contrato, que será a mediados de este año tras 16 de explotación. La sentencia es recurrible.

La empresa argumentó que en ese tiempo se produjo un aumento del caudal de agua a tratar en la depuradora y del consiguiente volumen de fangos y de energía eléctrica por la mayor actividad del bombeo de Massó, gastos que no estaban inicialmente previstos. Así, en cuanto al volumen de agua tratada, Acciona Agua indica que en la oferta base que presentó en su día (el 19 de mayo de 1998, entonces con el nombre de Pridesa S.A.) se estimaba un caudal medio diario de 3.993 metros cúbicos, aunque en la práctica fue 8.367 metros cúbicos diarios en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, o sea un 109% superior a lo estimado. Como consecuencia se produjo un incremento en el consumo de reactivos con respecto a la oferta base, así como el consumo eléctrico, que se cuantifica en 194.717 euros. La retirada de fangos como consecuencia de esa mayor actividad generó a la empresa un perjuicio económico de 429.348 euros en ese trienio, y el consumo adicional de los cuatro bombeos de Massó ascendió a 57.748 euros, según los informes de la empresa, que reclamaba en total 681.813 euros por el "desequilibro económico producido", más los intereses de demora.

El abogado del Concello de Cangas argumentó que el pliego de cláusulas del contrato establece la obligación de la concesionaria de "proceder a la depuración de todo el caudal que llega a la depuradora", una obligación que considera proporcionada porque, en todo caso "cuanto mayor sea el caudal, mayor es el número de abonados y, en consecuencia, mayores los ingresos". Añadió que el funcionamiento de la depuradora no ha sido eficiente, que "se está vertiendo directamente al mar parte de las aguas residuales, sin ningún tratamiento de depuración", que el pliego no indicaba que el destino de los fangos fuera el vertedero municipal y que el aumento de lodos se palia con el aumento de beneficios. La falta de acreditación documental de los gastos o sus contradicciones con otros informes presentados por la empresa son otros argumentos esgrimidos por el Concello para negar el pago.

La magistrada María Aurelia Montenegro Arce concluye que las empresas concesionarias deben valorar los riesgos y beneficios al presentar sus ofertas y que la Administración no puede servirles de "seguro gratuito" para compensar sus pérdidas cuando los resultados no le son rentables, al igual que no es partícipe de sus beneficios. En el caso de la EDAR de Cangas, no advierte la ruptura del equilibrio económico financiero que venga dado por un riesgo imprevisible, incide en que se efectuó una revisión de tarifas en 2008, que Acciona "incumplió sistemáticamente" su obligación de presentar las cuentas anuales de la explotación al Concello de Cangas y que el contrato no garantiza necesariamente que los ingresos por tarifas liquidadas sean superiores al coste del servicio.