Cangas asume que Hacienda rechazará reducir las retenciones del Estado al pedirlo en solitario

El Ministerio de Hacienda todavía no se pronunció sobre la solicitud que realizó el Concello de Cangas, a comienzos de mes, para que reduzca al 25% la retención de los fondos que el Estado aporta mensualmente a las arcas municipales y el equipo de gobierno cangués asume que la respuesta será negativa. Desde septiembre solo aportan el 50% del dinero que corresponde a los tres ayuntamientos de la comarca después de que Hacienda rechazase el plan de ajuste que le presentó la Mancomunidade do Morrazo para abonar los 1,8 millones que el organismo adeudaba a Isolux Corsán. El Estado intervino entonces las cuentas municipales para pagar la deuda con estas retenciones, que en principio se deben prolongar durante cuatro meses.

El alcalde, José Enrique Sotelo, reconoce que las consultas realizadas por este retraso en responder dejan en una situación complicada la petición. La razón está en la falta de acuerdo entre los ejecutivos de Bueu, Cangas y Moaña. Solo el cangués pidió esta rebaja, y como la deuda la contrajo la Mancomunidade esta petición debería ser conjunta.

Pese a esta contrariedad, el regidor asegura que no se plantean recurrir la decisión final de Hacienda al respecto, pues siempre sería después de la retención de los fondos de octubre -que se transfieren a comienzos de noviembre- y por lo tanto solo restarán dos meses para saldar la deuda total con Isolux Corsán.

"Pese ao delicado da situación a estamos solventando, e xa case preferimos rematar con esta situación en xaneiro", apunta el alcalde.

En el pleno de la corporación del viernes 4 de octubre se aprobó, con el único apoyo del equipo de gobierno, esta solicitud. BNG, ACE y PSOE utilizaron distintas fórmulas como el voto en contra o la abstención para no apoyar la petición.

El gobierno local entendía entonces que podrían afrontar la retención durante cuatro meses, pero también legaban que la situación financiera de Cangas se vería menos agobiada si el Estado extendiera en el tiempo la retención a cambio de quitar solo el 25% cada mes.

La cifra que le corresponde a Cangas por su participación en la recaudación de impuestos, es de 420.000 euros al mes, un porcentaje muy alto de los ingresos con los que cuenta el Concello cada año.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, utilizó precisamente el argumento de saldar la deuda lo antes posible, para razonar su postura en contra de pedir una reducción al 25%.

Decisión

Cangas asume esta situación en una semana que se espera clave para conocer el futuro financiero de los Concellos de la comarca, y es que el Ministerio de Hacienda debe pronunciarse esta semana sobre el plan de ajuste presentado por la Mancomunidade para asumir el crédito que conlleva el pago de 6 millones de deuda con la empresa de tratamiento de la basura, Sogama.

La asamblea del organismo supramunicipal acabó aprobando un discutido plan de ajuste, cuyo consenso final se vio facilitado por la ausencia de los ediles del BNG de Cangas y Moaña -contrarios a la propuesta junto a ACE- en la sesión clave.

Si el ministerio da el visto bueno a la propuesta los concellos tendrán 10 años para devolver el crédito, con unos intereses que rondan el 5% y dos años de carencia. En el caso contrario, el dinero de Sogama se retendría de los fondos del Estado, en un año y medio y prolongando, durante 18 meses más, la actual situación de retención del 50% de los fondos que el Estado inyecta en las arcas municipales.

Los responsables políticos de Bueu, Cangas y Moaña se mostraron en sintonía a la hora de advertir que una situación de este tipo pondría en serio peligro el pago de las nóminas a los trabajadores e incluso la supervivencia misma de los Concellos.

El plan de ajuste presentado por la Mancomunidade contempla la rescisión del contrato mancomunado con Sogama y que cada Concello firme uno individual con esta empresa antes del 31 de diciembre. Cada parte pasaría a hacerse cargo de su deuda y se amortizarían varios puestos de trabajo de la Mancomunidade. Asimismo, la tasa de recogida de la basura se incrementaría según el IPC a partir de 2015 y una inspección afloraría un 15% de usuarios del servicio de recogida de residuos que en estos momentos no lo están pagando.