Un error judicial lleva dos veces al banquillo a un estafador y otro espera 10 años la vista

Uno de los dos acusados por varios delitos de estafa y falsificación, en el año 2003, fue absuelto ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, debido a que ya había sido juzgado y condenado por estos mismos hechos en el año 2010 y en la Audiencia de Madrid. El otro procesado fue condenado a 16 meses de prisión y multa, tras un acuerdo de conformidad. El retraso de diez años acumulado en esta causa llevó al fiscal a rebajar la acusación inicial, de 6 años de cárcel.

Los acusados fueron trasladados a Pontevedra desde las prisiones de Las Palmas y Alicante, donde cumplen condena por otros delitos, para escuchar esta decisión judicial, motivada en un caso por un error (ya había sido juzgado) y en otro por una demora excesiva de la causa.

El acusado absuelto es Pedro León A.G., que se enfrentaba a un año de prisión por los delitos de uso de documento oficial falso, uso de documento mercantil falso y estafa en grado de tentativa. La falta de comunicación entre órganos judiciales motivó que no llegase ninguna notificación a la Audiencia de Pontevedra sobre el anterior juicio por la misma acusación.

En cuanto al otro procesado, Miguel Ángel G.R., la fiscal modificó el escrito de acusación debido al retraso en el procedimiento "no imputable al acusado" y "sin justificación".

Se le acusaba de tres delitos continuados de falsedad en documento oficial, en documento mercantil y estafa, que supuestamente había cometido en febrero de 2003 en Marín y Coslada (Madrid), apropiándose de cheques y pagarés bancarios, para cobrarlos falseando la identidad. Este procesado está en prisión por varias condenas por delitos similares cometidos entre 1997 y 2003 en Barcelona y Madrid. En el caso de las condenas de Barcelona, su abogado señaló que "la mayoría de los delitos han prescrito".

Según explicó la fiscal, actuó solo o en compañía de otras personas para planear y desarrollar un procedimiento para lucrarse ilícitamente. Consistía en la sustracción de cheques y pagarés de buzones de correos y, posteriormente, manipularlos y alterarlos, cambiando el importe de los mismos, el beneficiario e incluso la fecha de vencimiento.

Posteriormente, falsificaban documentos nacionales de identidad y acudían a cobrarlos a distintas entidades bancarias. Así acudió a siete entidades, seis de ellas de Marín y una de Coslada, en las que logró hacerse con más de 18.000 euros.