En una insólita y concurrida sesión celebrada en el contenedor de obras instalado por el Concello frente a la oficina central de Novagalicia Banco (NCG), y con el público resguardándose bajo los paraguas y cornisas de la calle Eugenio Sequeiros -tomada por periodistas y cámaras de televisión-, la corporación de Cangas volvió a mostrar ayer su respaldo a los afectados por las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, dando un ultimátum a la entidad de crédito y a los responsables políticos para resolverlo. Con el acuerdo se insta a NCG, la Xunta y al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) a finiquitar antes del 15 de marzo el problema de las subordinadas y a aumentar el ritmo de laudos arbitrales para garantizar que cada día se resuelvan entre cinco y diez casos de afectados por las preferentes del municipio. Todos los grupos políticos coincidieron en su disposición a adoptar "medidas drásticas" si fuera necesario, aunque sin concretarlas. De todas formas y ante los rumores de que el siguiente paso podría ser la dimisión de la corporación y que se nombre una gestora, Sotelo asegura que "es algo que circula por ahí, es la respuesta de los partidos que no han ganado las elecciones, pero las cosas no van por ahí. ¿Cómo quedaría el pueblo?". El alcalde entiende que quien creó este problema debe resolverlo y no mirar para otro lado "como no hacemos nosotros". El acuerdo fue ratificado en el salón de plenos, por exigencia legal.

La sesión se repartió entre dos escenarios. Desde la una de la tarde se fue concentrando el público en torno a la caseta de obras, algunos afectados por la retención de sus ahorros y otras personas en su respaldo o por simple curiosidad. También asistieron vecinos de O Hío que demandan la construcción del centro de salud en O Viso, parapetados detrás de una pancarta. El alcalde, los portavoces de los grupos y la secretaria tomaron un ala de la caseta, y el resto de ediles, la otra. A la una y media Sotelo abrió la sesión y explicó los motivos del cambio de hora y lugar -"buscar a máxima repercusión social e mediática en apoio aos afectados"- y la mecánica que se iba a seguir. Luego actualizó datos sobre los afectados: 1.306 casos, de los que se han resuelto 462 y quedan pendientes 844; y más de 30 millones de euros, de los que se han devuelto 9,7 y faltan 20,5 millones.

A continuación dio la palabra a una portavoz de los afectados, María Barreiro, quien recordó que llevan "máis dun ano na rúa loitando polo que é noso" y que no entienden por qué se demora tanto una solución que está generando "dramas persoais", además de tener retenidos "20 millóns de euros que darían moita vida ao comercio do municipio".

Los portavoces de todos los grupos coincidieron en su respaldo al colectivo. "Agardamos que esta resolución plenaria sexa a definitiva", expresó Mercedes Giráldez, del BNG. Martín Piñeiro, del PSOE, anunció que su formación ya ha cerrado una cuenta en NCG y pidió al Concello que haga lo mismo con las suyas en respuesta a la "indiferencia e a burla" hacia sus propios clientes. Xosé Manuel Pazos, de ACE (Mariano Abalo no acudió por motivos personales), calificó de "roubo" la situación y sugirió un encierro de la corporación si no se resuelve. "Bochornoso; a xustiza é un cachondeo", remachó Nardo Faro, de UPAC. Pío Millán, en representación del PP, cerró el turno de intervenciones aludiendo al "drama de máis de mil familias nun pobo de 25.000 habitantes", y advirtió que "xa levamos gastadas moitas palabras e é o momento dos feitos". No obstante, evitan abrir ese debate antes de que se cumplan los plazos.

La celebración del acto institucional en un contenedor, que algunos vecinos críticos consideran "populista", fue justificado por las distintas fuerzas políticas como "xesto e chamada de atención na busca de repercusión que axude a solucionar o problema". "Que saiban que en Cangas estamos xuntos", resumió el alcalde antes de aprobarse la moción por unanimidad.