Empresarios de Moaña rechazan rescindir el contrato de cesión del monte para la zona industrial

Casi tres meses después del acuerdo de la asamblea de la Comunidad de Montes de Moaña en la que se rescindió el contrato de cesión de terrenos con la Asociación de empresarios del polígono de Cruz da Maceira, las directivas de ambas entidades se sentaron por fin, cara a cara, aunque tras una tensa reunión no hubo acuerdo y se abre la posibilidad de la vía judicial. La Comunidad de Montes fue a la reunión, que se celebró en el local de la asociación de empresarios, con la intención de que se cumpliera el acuerdo de la asamblea, de rescisión amistosa del contrato, pero los empresarios se negaron porque entienden que ellos fueron adquiriendo las propiedades en el monte tras la firma de aquel convenio con los comuneros y que ya invirtieron más de un millón de euros. La agrupación compró cerca de 200.000 metros cuadrados de terreno, al margen de los 241.000 que habían cedido los comuneros a cambio de 25.000 metros de terreno ya urbanizado en el futuro polígono.

En la reunión participaron el presidente de la asociación de empresarios, constituida como Agrupación de Interés Económico (AIE) Polígono Industrial de Moaña, Luis Alves, y seis directivos, mientras que por parte de los comuneros lo hizo su presidenta, Belén Couso; el secretario Ezequiel Fernández; el tesorero Ramiro García, la abogada Belén Raposo acompañada de otro letrado y un técnico forestal. Los comuneros optaron por guardar silencio, solo el secretario dijo que se intentó la rescisión de forma amistosa conforme al acuerdo de la asamblea que facultó a la directiva para la adopción de las medidas necesarias. Ezequiel Fernández no podía precisar ayer los pasos que se iban a dar por parte de los comuneros y que hoy habría una reunión de la directiva.

El presidente de los empresarios, Luis Alves, asegura que en la reunión y después de rechazar la rescisión amistosa del contrato, propusieron a los comuneros esperar un año ya que la Xunta se había comprometido a dejar rematado el plan sectorial para el desarrollo de este área industrial y que si se cumplía saldría adelante mediante una declaración de interés público, por lo que en ese momento podría renegociarse las condiciones firmadas en su día.

Alves desconoce qué decisión adoptarán los comuneros, pero espera que no sea la de recurrir a la vía judicial "porque solo se conseguirán gastos". Además asegura que esta vía se prolongará en el tiempo y seguramente pasará más de un año. El presidente asegura que si los socios de la agrupación (empezó con 116 y ahora tiene 106) se metieron en gastos comprando terrenos fue en base al convenio firmado con los comuneros "y ellos tendrán sus responsabilidades". A raíz de aquello, prosigue, se constituyó la agrupación, se contrató a una empleada..."hubo gastos". Hay empresarios que compraron la parcela mínima de 1.000 metros cuadrados pero otros aportaron dinero para unas de 20.000 o de 10.000. Para la compra del terreno se elaboró un plan de pagos con un primer ingreso y una vez agotado pedía otra aportación. Reconoce que desde que él está de presidente, hace seis años, solo se hizo una compra más.

En la reunión, hubo directivos que echaron en cara a los comuneros la forma en que se aprobó la rescisión del convenio, que entienden no fue correcta porque se debió de haber hablado primero con la directiva. La abogada replicó que no se podía actuar de espaldas a la asamblea. También reprocharon que los comuneros convocaran la polémica asamblea, que se celebró el 11 de marzo, con solo tres días de antelación, cuando lo habitual son con 20, por lo que creen que hubo oscurantismo.

Los comuneros explicaron que las altas de 30 miembros, criticada por los empresarios, se hicieron porque era gente anotada en las listas para la contratación de operarios forestales que requería, con carácter previo, ser comunero.