El grupo municipal del BNG presentará una moción de urgencia, para su debate en el próximo pleno, en la que solicita al Concello de Cangas y a Pridesa que aclaren el cobro de recibos indebidos a centenares de vecinos por un servicio de depuración que no reciben. La portavoz de la formación nacionalista, Clara Millán, recuerda que existe una relación contractual del concello con la compañía adjudicataria, que son los gobernantes locales los que tienen la obligación de defender los derechos de los ciudadanos y que, en la práctica, esto no está sucediendo.

El Bloque recuerda que ya presentó un ruego el pasado 24 de febrero denunciando que se estaban remitiendo a mucho vecinos recibos de años anteriores por un servicio del que no disponían. Por entonces solicitaron la intervención del alcalde para aclarar la situación, e instaron a Sotelo a encargar un informe jurídico municipal que contribuyera a resolver las dudas, ya que los recibos con una antigüedad superior a cuatro años podrían haber prescrito. Ese informe no se realizó, lamenta Clara Millán, que hace referencia a ciudadanos a los que Pridesa reclama el pago por un servicio de depuración que aún hoy no reciben, y otros a los que remiten recibos desde 1999, cuando se conectaron a la red en 2003.

El alcalde, responsable

"Trátase dunha competencia da alcaldía, non dos xulgados", afirma Clara Millán, en referencia al anuncio de la asociación de vecinos Daravelo de acudir al ámbito judicial si esta situación no se resuelve por otros cauces. Lamenta que Sotelo "mire para outro lado", y le insta a que se reúna con los responsables de Pridesa para aclarar el asunto, publicar un bando que informe a los vecinos sobre cómo actuar y negociar una fórmula de pago gradual de los recibos correctos.

Para la formación nacionalista, este caso es uno más de los que constatan que Cangas "non ten alcalde nin goberno", y de que Sotelo sólo aparece en la escena pública para "romper relacións con outras administracións, ás veces de forma chabacana, ou para facerse fotos cos amigos do partido", mientra los vecinos se ven obligados a afrontar directamente los problemas con la empresa concesionaria de un servicio público.