La Fiscalía de Área de Vigo ha dictado un decreto de archivo en relación con el seguimiento efectuado en la residencia de mayores DomusVi Barreiro por su gestión de la pandemia del Covid-19 desde el 14 de marzo en el que se declaró el estado de alarma y hasta este pasado 5 de junio. Este centro fue el más afectado de la ciudad olívica por el virus, ya que 99 de sus 150 residentes se infectaron -el 66% del total- y 33 de ellos acabaron falleciendo. Además, también se contagiaron 43 trabajadores. El Ministerio Público sobresee las diligencias "por no concurrir indicios de responsabilidad penal ni de otro tipo en los organismos intervinientes", citando concretamente en este sentido a la "dirección y gestión de la residencia", a "autoridades sanitarias" y a "protección social de la Xunta".
La fiscal aclara en primer lugar que a raíz de la declaración del estado de alarma abrió diligencias de seguimiento de cada uno de los geriátricos del área de Vigo y que, a la fecha de la emisión del presente decreto, ayer mismo 23 de junio, "se han reunido datos suficientes para emitir conclusiones objetivas sobre la gestión de la pandemia por parte de todos los organismos implicados en todas las residencias de mayores y, especialmente, en DomusVi Barreiro de Vigo, la más golpeada por la tragedia en el área de la Fiscalía de Vigo", aclarando que los escritos y reclamaciones existentes de la Asociación Defensor del Paciente y del sindicato CIGA "no pueden tener la consideración de denuncia por su carácter genérico y abstracto".
Y, tras hacer un exhaustivo repaso cronológico de las actuaciones llevadas a cabo en DomusVi Barreiro y de las consecuencias de la crisis sanitaria en la misma, en relación al número de contagiados y de fallecidos, concluye que "ni en el caso de los pacientes que fallecieron en el centro residencial, ni en el caso de los que fallecieron en el hospital, se observa desatención, falta de cuidado, negligencia o vulneración de la lex artis ad hoc ni por parte del equipo técnico que revisó y clasificó a los usuarios y tomó una decisión en relación a la atención sanitaria prevista para cada paciente [...] ni en el caso de personal sanitario y facultativo, médicos del centro o facultativos del HAC que atendieron a los pacientes".
La Fiscalía relata que los usuarios del centro, nacidos entre 1929 y 1947, "la mayoría eran personas de edad avanzada, con déficits cognitivos y de tipo físico". Sobre su situación, concreta, constan en las historias "los controles médicos, el tratamiento pautado y la cronología de la enfermedad", señalando que se "consultó" e "informó" a los familiares. Y que se adoptaron "determinadas medidas" incluso con anterioridad "a las primeras previsiones de las autoridades" a finales de febrero y principios de marzo.
Autoridades sanitarias
Tras señalar que ni autoridades sanitarias ni de política social "han advertido a esta Fiscalía de situaciones de abandono, dejadez o maltrato, por el contrario, consta en la causa que la dirección cumplió con sus deberes de comunicación de los contagios a salud pública en fecha 20 de marzo".
Lo que sí aprecia el Ministerio Público en el decreto notificado ayer es que "ciertamente la residencia adolecía de falta de personal para enfrentarse a la situación de crisis y este déficit tuvo que ser asumido por la Xunta en un esfuerzo de búsqueda y contratación" de personal. Pero, concluye, "la responsabilidad por tal hecho debe ser determinada en vía administrativa, quedando fuera de la actuación del Ministerio Fiscal".
