Propietarios que se ven obligados a acudir a los tribunales y conflictos vecinales que acaban en amenazas e incluso agresiones. Son las consecuencias de las cada vez más habituales ocupaciones ilegales de viviendas que proliferan en todo el país y que dejan en la mayoría de los casos un proceso judicial que dura meses y grandes facturas en desperfectos, así como ahuyentan de esos barrios a nuevos inquilinos en busca de una vivienda, ya sea para comprar o alquilar. Galicia no es ajena al fenómeno okupa, que en el conjunto de España se ha disparado casi un 50% en los últimos cuatro años y que durante 2019 se superaron los 14.000 pisos o casas asaltadas en el conjunto del país, según datos del Ministerio del Interior.
En los meses de verano, las irrupciones en viviendas de la comunidad han aumentado pese a la presión de partidos políticos y del sector inmobiliario por una reforma legislativa que dé seguridad jurídica a los propietarios y despeje las dudas ante los casos que se planteen. Frente a las 400 viviendas okupadas que había en Galicia hasta el pasado mes de junio, en la actualidad la cifra se aproxima a las 500, más de un 20% en solo tres meses, según estimaciones de la patronal inmobiliaria gallega. Lo que supone una media de dos ocupaciones ilegales cada día.
Con el objetivo de atajar la creciente alarma causada por la ocupación de inmuebles en toda España, la Fiscal general de Estado anunció medidas a corto plazo. Durante la apertura del año judicial, Dolores Delgado avanzó que en los próximos días emitirá una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los fiscales del tema de las "ocupaciones de morada", al que se ha referido como "fenómeno delictivo".Protocolos de actuación
La Fiscalía Superior de Baleares desde el año pasado o la provincial de Valencia desde este verano ya tienen protocolos de actuación para proceder al desalojo de una vivienda, incluso sin necesidad de contar con un permiso judicial, cuando el delito sea flagrante. En la comunidad gallega, el Ministerio fiscal actúa conforme a la legislación vigente para el conjunto del Estado y, una vez la Fiscalía General emita la instrucción sobre el fenómeno okupa, se operará "en aras de la unidad de actuación", apuntan desde la Fiscalía Superior de Galicia.
En la actualidad, la Policía puede desalojar sin orden judicial una vivienda ocupada, siempre que lo haga en las primeras 48 horas del allanamiento. A partir de esos dos días, se necesita una orden judicial, y entonces, todo entra en un complicado proceso que puede tardar años. De ahí que los okupas traten de probar que llevan allí más de dos días.
Si la vivienda estaba vacía y no tenía carteles de haber sido puesta en alquiler, venta o en rehabilitación, al pasar las 48 horas, el propietario ya no puede pedir el desalojo, sino un desahucio en precario. Con la nueva ley de desahucio exprés, el propietario puede acudir en menos tiempo y por menos coste a un juicio civil de desahucio. A partir de la presentación de una demanda civil, se establece un plazo aproximado de 30 días en el que se suele recuperar la vivienda, aunque esto está condicionado por la carga de trabajo que tenga el juzgado correspondiente. En la mayoría de los casos el propietario suele recuperar la vivienda en un plazo de tres a 12 meses y por lo general con desperfectos que nadie cubre. Aunque la actual ley protege propietarios y administraciones públicas cuyas viviendas sociales sean objeto de ocupaciones, no incluye a entidades financieras, promotoras ni fondos de inversión.Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias
Desde la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), reclaman una reforma de la ley que permita recuperar un inmueble ocupado en menos de 48 horas y no en 30 días, como contempla la ley actual. Para ello, defienden el establecimiento de medidas específicas que se puedan acordar provisionalmente desde el inicio de una denuncia penal para que las Fuerzas de Seguridad puedan intervenir desde el primer momento en que es detectada y denunciada por el titular una ocupación ilegal. Además, los empresarios del sector proponen dotar de competencias a los ayuntamientos para que puedan ejercer competencias propias contra la ocupación ilegal dado que -advierten- "alteran la convivencia en el inmueble y en el vecindario, provocan conflictividad social y generan problemas de seguridad".
Una vez más, los empresarios inmobiliarios reclaman la creación de un parque de viviendas social en alquiler como medida preventiva para mitigar la ocupación. Por su parte, la patronal gallega ha creado un departamento "antiokupación" en el que dará asesoramiento jurídico gratuito a las inmobiliarias asociadas y a sus clientes que no sepan cómo actuar ante una ocupación en sus inmuebles.
El Covid ha sido un revulsivo para el fenómeno okupa. El confinamiento provocado por el estallido del Covid ha sido aprovechado por los okupas para entrar ilegalmente y quedarse en los inmuebles, al verse obligados sus titulares a ausentarse tras la declaración del estado de alarma o, simplemente, al ser segundas residencias y no poder desplazarse a esas zonas.
Los asaltos a viviendas vacías ya no solo afectan a los cascos antiguos o barrios marginales. En la actualidad, las ocupaciones llegan al semicentro y centro de ciudades como Vigo, Santiago, Ourense o A Coruña, las que más casos registran y que están localizados en urbanizaciones de viviendas unifamiliares. Más de una treintena de puntos calientes de okupas han sido identificados por el sector inmobiliario en las ciudades gallegas, con A Coruña a la cabeza con un total de ocho zonas marcadas en rojo.Perfil de okupas
El actual perfil de okupas son profesionales o personas perfectamente asesoradas que saben cuándo ocupar las viviendas de obra nueva o las viviendas vacías de procedencia bancaria provenientes de ejecuciones hipotecarias. La mayoría de propiedades asaltadas son de procedencia bancaria, si bien menos de la mitad de los casos acaban en denuncia. En todo el año pasado en Galicia se tramitaron 145 denuncias por okupaciones.
