El caso que enfrenta a la Comisión Europea a Reino de España, Pymar, Lico Leasing y casi un centenar de inversores sobre la legalidad del antiguo sistema de arrendamiento fiscal ( tax lease), utilizado por los astilleros españoles hasta 2011 para la contratación de buques, quedó ayer visto para sentencia. Será el Tribunal General de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, quien deberá cerrar un litigio que ya había quedado zanjado en 2015. Entonces la misma corte determinó que el viejo tax lease era legal y no contravenía los derechos de competencia, aunque Bruselas recurrió este fallo ante el Tribunal de Justicia (TJUE). Y eso pese a que España contaba ya con un nuevo sistema de arrendamiento, avalado -también por los magistrados de las cortes europeas- y en funcionamiento.
"En la primera parte de la vista el TGUE [en referencia al Tribunal General] ha estado analizado el SEAF (sistema español de arrendamiento fiscal) siguiendo la sentencia de casación desde el punto de vista de la selectividad. Posteriormente, si la recuperación contravenía los principios de seguridad jurídica y confianza legítima", indicaron fuentes de Pymar al término de la sesión. "Confiamos en que el Tribunal resuelva a nuestro favor, bien declarando que no existe selectividad o bien fallando que la orden de recuperación contraviene los principios generales de derecho de la UE, en particular el de seguridad jurídica", zanjaron.
De hecho uno de los puntos principales del litigio era esa "selectividad" del viejo tax lease: para España cualquier inversor podía participar en el sistema de arrendamiento, así que por lo tanto no era excluyente; para Bruselas, lo contrario. Letrados de los inversores consideran que la sentencia final se conocerá "antes de seis meses". "Debemos estar tranquilos. No hay ningún riesgo para los astilleros, no tendrán que devolver nada pase lo que pase".
