El ascenso del ministro de Hacienda portugués, Mário Centeno, a la presidencia del Eurogrupo ha sido interpretado por muchos como la recompensa al llamado milagro económico de Portugal. En apenas un lustro el país ha pasado de solicitar el rescate y de ser uno de los mayores focos de riesgo para la supervivencia del euro, a protagonizar una recuperación meteórica y una fuerte reducción del desempleo. Sin embargo, su aparente éxito arroja sombras, especialmente si Bruselas pretende que el luso sea un espejo en el que mirarse. Lisboa promueve un esquema de ayudas que bordea la competencia desleal con sus socios comunitarios, y la calidad en el empleo (salarios bajos, sin convenios de empresa o sectoriales) brilla por su ausencia.
Según los datos de Eurostat, los salarios en Portugal son menos de la mitad que la media del resto de países de la Eurozona. Cada trabajador portugués gana unos 10,9 euros la hora, frente a los 15,9 euros de media en España. Es una diferencia del 31%, que se ensancha aún más si se tiene en cuenta el coste que esto implica para la empresa. Si se tienen en cuenta las contribuciones a la Seguridad Social para hacer frente al desempleo y para tener derecho a pensión, el coste laboral de 21,3 euros la hora en España supera en un 36% los 13,7 euros que se registran en territorio luso. Esta realidad hace que una empresa pueda ahorrarse hasta un 25% en su balance solo en remuneración a la plantilla. Y es una de las razones que están atrayendo, sobre todo, a empresas auxiliares del sector de la automoción, de las más intensivas en mano de obra y en donde la brecha de salarios se acentúa aún más. Según la consultora Roland Berger, el salario medio anual del sector es de 17.500 euros en Galicia y de 8.900 en Portugal.
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El municipio de Vila Nova de Cerveira roza el pleno empleo (su tasa de paro es de apenas un 5,3%, frente al 8,9% de media en el país) gracias al tirón de factorías de auxiliares de la automoción como Gestamp o Antolín. La cifra se reducirá todavía más cuando entre en funcionamiento la planta de 200 trabajadores que proyectan Atunlo y Marfrío en este municipio, donde los salarios de la industria de productos elaborados del mar rondan los cinco euros la hora. Es justo la mitad de lo que abona la misma industria en Galicia, según los datos de la patronal. Este ejemplo se extiende a São João da Madeira (donde tienen presencia Faurecia, Trèves y Copo Ibérica), con un 7,2% de parados, y a Viana do Castelo (Borgwarner y Aludec), con una tasa del 7,5%.
Pero, a medida que el paro se reduce, las empresas portuguesas se enfrentan a la fuerte rotación laboral que padecen en sus plantillas. Los bajos salarios y las cada vez mayores ofertas de empleo empujan cada año a miles de trabajadores a abandonar sus puestos de trabajo en busca de mejoras oportunidades, lo que trastoca planes de formación y las posibilidades de elevar la productividad. La estabilidad es baja y la fidelización de la plantilla, casi nula.
La otra pata que sostiene la recuperación económica de Portugal es la activa participación del Gobierno de Lisboa y las cámaras municipales en la puesta en marcha de ayudas públicas. Es el denominado capitalismo de Estado. Además de agilizar los trámites administrativos para acelerar la puesta en marcha de proyectos (tiene una ministra únicamente dedicada a eliminar burocracia), la administración complementa esta medida con una ingente cantidad de dinero público. Solo para 2017 estaban presupuestadas ayudas por valor de 1.250 millones de euros y para 2018, se proyectan 2.000 millones, casi el doble. Las autoridades lusas justifican sus programas para estimular la captación de empresas asegurando que se trata de un esquema legal bajo las reglas actuales de la Unión Europea. Sin embargo, se da la paradoja de que Portugal, que aprovecha la "solidaridad" de la UE para recibir 1.793 millones de euros más de los que aporta, luego compite con otros países por hacerse con nuevas inversiones que, en ocasiones, se realizan a costa de desmantelar sus centros productivos en otros países miembros de la UE.
Además de las ayudas más visibles, como las subvenciones, el país vecino también fomenta la implantación de nuevas empresas con el abaratamiento de suelo industrial. Desde el Club Financiero de Ourense calculan que el precio medio del suelo para uso industrial ronda en Pontevedra los 93 euros el metro cuadrado, frente a los algo menos de 20 que se ofrecen en Portugal. Desde la sección de industria de Comisiones Obreras denunciaron casos, como recogió FARO, en los que los precios descendían hasta el extremo de apenas un euro por metro cuadrado. A ello se suman las bonificaciones fiscales de los municipios. A comienzos de este año Viana do Castelo aprobó la decisión de eximir del pago del impuesto de transacciones inmobiliarias a cuatro nuevas plantas que se instalarán en la zona, tres del sector de automoción.
Pero las cifras son elocuentes y, con este cóctel laboral, fiscal y de infraestructuras, Portugal ha logrado que su economía crezca al 2,5% anual y abandonar el protocolo de déficit excesivo tras cerrar 2016 con el menor desajuste en sus cuentas de los últimos 40 años y su tasa de paro se acerca a sus niveles precrisis. De las 909.700 personas que engrosaban las listas de paro en Portugal a comienzos de 2013, ahora solo quedan la mitad: 442.000. Buena parte de esta generación de empleo ha recaído sobre un sector manufacturero responsable de uno cada cuatro nuevos puestos de trabajo creados en el país luso desde comienzos de 2013. La industria redobla su ritmo inversor en suelo portugués aprovechando un entorno favorable que empuja su cuenta de resultados por tres frentes. El primero tiene que ver con la principal partida de gasto al que se enfrentan las empresas: los costes laborales. La diferencia entre instalar la base de operaciones en Portugal esconde un particular premio.
