Fujimori pide poderes como los de Bukele para frenar el avance de las bandas criminales en Perú

Un comando armado se hizo pasar por la policía en la ciudad de Trujillo para interceptar una camioneta. Asesinó a cuatro personas y secuestró a un empresario relacionado con el comercio informal del oro, Jenns Marty Lara Tantaquilla. Casi un día y medio después de un hecho atribuido a la organización criminal Los Pulpos, Lara Tantaquilla fue encontrado con vida. La policía aseguró primero haber liberado al cautivo. El diario limeño El Comercio reveló, sin embargo,que su familia había negociado con los captores, un clan "con tres generaciones dedicadas a la extorsión, el sicariato y la minería ilegal" que "ha perdido el temor" al Estado peruano para operar. Posteriormente, las autoridades reconocieron que era cierta la revelación periodística. Con apenas un mes al frente de la presidencia, Keiko Fujimori volvió a exigir la posibilidad de gobernar por decreto para hacer frente al problema de la inseguridad. No hizo más que reincidir en un pedido al Congreso que suscita aprensiones y reaviva el recuerdo de un modelo de gestión asociado con su padre, el extinto Alberto Fujimori.

Si bien la solicitud formal se hizo el pasado viernes, fue recién a partir de la supuesta aparición de Los Pulpos y al parecer también otra banda, la Jauría, que el Gobierno de derechas redobló su reclamo, esta vez frente a la sociedad. El incidente le permitió al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, justificar la "necesidad y urgencia" de delegarle facultades a Fujimori, quien no solo las ha solicitado para enfrentar un asunto que inquieta a los peruanos como la inseguridad urbana sino avanzar de paso en la resolución de cuestiones que tienen que ver con los impuestos, el medio ambiente, las finanzas y el trabajo. La legislatura bicameral, que en el Senado sería mucho más proclive a complacer al Ejecutivo, tiene ahora que responder con un trasfondo completamente distinto al del pasado viernes.

El ministro del Interior, César Astudillo, prometió viajar a Trujillo en las próximas horas. "Estoy coordinando ya desde ayer una serie de movimientos y cambios que van a haber ahí". Los delincuentes "van a caer", aseguró. Según Astudillo, fueron detenidas seis personas, una de ellas en Bolivia. Se trata de Jhon Smith Cruz Arce, alias Jhon Pulpo’, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización que opera en Trujillo.

La seguridad es un asunto medular en Perú. Fujimori asumió con uno de los escollos allanados para poner en marcha su política: blindar a militares y policías frente a cualquier investigación por violaciones a los derechos humanos. Pero ese es apenas uno de los aspectos de su política. El Gobierno se propone seguir la senda del salvadoreño Nayib Bukele y tipificar a los delincuentes como grupos "terroristas". Además quiere asignar a las Fuerzas Armadas una mayor participación en el conflicto, así como restablecer el poder de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que, en tiempos del primer fujimorismo y bajo el mando del coronel Vladimiro Montesinos, se dedicaba a espiar a la oposición.

Criticas a la policía

"Vuelve el orden", había sido el eslogan de campaña de Keiko Fujimori en un país que tuvo 2213 homicidios en 2025, así como miles de denuncias de extorsión y sicariato. La presidenta ha declarado el estado de emergencia en Lima y Callao durante 60 días. Sin embargo, el "orden" se encuentra desordenado al interior del Estado. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, admitió el pasado domingo haber visitado dos penales donde hizo llamadas desde su propio celular. "Un mes es poco tiempo para desarmar estructuras criminales con décadas de arraigo. Pero es tiempo suficiente para activar un bloqueador de celulares o exigir a los penales que cumplan lo que ya la ley ordena. Eso no espera facultades: espera voluntad y ejecución", señaló El Comercio.

"El país no necesita solo un paquete de facultades por aprobar. Necesita ver, hoy, resultados concretos en las cárceles, en las calles y en las comisarías". En su editorial de este martes, Perú 21 se mostró a favor de la delegación de facultades a Fujimori pero además consideró indispensable una renovación de la cúpula policial. Señaló no obstante que uno de los grandes desafíos es limitar el accionar de los cabecillas que manejan a sus bandas desde las prisiones. "Los teléfonos celulares reaparecen entre los reos tan pronto como se anuncian requisas y decomisos".

Para César Hildebrandt, un conocido analista que suele irritar al fujimorismo con sus artículos, el secuestro es "la línea roja que la industria del crimen cruzó". Hildebrandt no obstante se preguntó por qué alguien como Lara Tantaquilla, quien actuaba fuera de la ley y se "exhibía groseramente" no seguía siendo investigado por el Estado después de la apertura de una causa judicial en su contra por traficar 19 toneladas de oro. "Si la orden de secuestrarlo provino de una cárcel, ¿cómo es que no pudo prevenirse el suceso? ¿No es que los interceptores de señales se instalaron en las prisiones hace tiempo?".

A su criterio, las actuales autoridades policiales son parte del problema, pero "la señora presidenta no puede deshacerse de su jefe", el teniente general Óscar Manuel Arriola Delgado, debido a "una ley dictada por el Congreso dominado por su partido, Fuerza Popular". Al analista cree que nada cambiará en Perú a pesar de que a las bandas se las declare "terroristas". Es como si en la etapa de Sendero Luminoso, cuatro décadas atrás, se hubiera llamado a ese grupo armado de corte maoísta "delincuentes violentos" para limitar sus acciones. "No habrían dejado de matar". El problema, concluyó, "no son las palabras sino los hechos", porque los senderistas atacaban comisarías mientras "Los Pulpos y Las Jaurías las corrompen".

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