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Bajo escrutinio

El Gobierno de Marruecos se enfrenta a críticas internas por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta

La oposición y las ONG cuestionan el silencio del Ejecutivo y vinculan el éxodo con el desempleo y la desconfianza juvenil

Marruecos se enfrenta a críticas internas por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta

Marruecos se enfrenta a críticas internas por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta / MARCOS MORENO / Europa Press

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Irene Benedicto

Irene Benedicto

Barcelona

El primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch, despegó en su avión privado rumbo a Mallorca para iniciar sus vacaciones en plena crisis migratoria, humanitaria y diplomática, apenas dos días después del salto masivo a Ceuta. El episodio ha dejado al menos 72 muertos, según las últimas cifras del Gobierno español, aunque fuentes humanitarias advierten de que el balance supera el centenar.

Akhannouch viajó a España tras participar en los festejos del Día del Trono, en honor al rey Mohammed VI. Sin embargo, sus vacaciones se interrumpieron de forma abrupta y, menos de 48 horas después, se informó del regreso de su avión privado a Casablanca, sin ninguna explicación oficial. Su ausencia alimentó las críticas en los medios y las redes sociales y acabó convirtiéndose en símbolo de una crisis política más profunda.

Partidos de la oposición y ONG reprochan al Ejecutivo la falta de información, una respuesta centrada casi exclusivamente en la seguridad y la ausencia de explicaciones sobre las causas que empujaron a decenas de miles de personas, muchas de ellas jóvenes, a intentar cruzar la frontera. El Ministerio del Interior marroquí rompió el silencio el domingo, cuatro días después, con un comunicado en el que defendió la "gran profesionalidad" de las autoridades y atribuyó la movilización a la desinformación y a las redes de tráfico, sin asumir responsabilidad alguna.

La oposición señala al Ejecutivo

El principal grupo opositor, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), cargó contra el silencio del Gobierno. Su líder, Driss Lachguar, preguntó cómo era posible que los marroquíes tuvieran que buscar información en medios extranjeros mientras su propio Ejecutivo permanecía callado. También reclamó más empleo y justicia social, además de reformas capaces de afrontar la crisis estructural y recuperar la credibilidad institucional.

El debate político y mediático en Marruecos se centró enseguida en los problemas estructurales que arrastra el país desde hace décadas como telón de fondo de la tragedia. El Partido del Progreso y el Socialismo (PPS), formación histórica de la izquierda, vinculó el salto a las fuertes desigualdades económicas y a lo que calificó de "fracaso lamentable" en empleo, educación y lucha contra el abandono escolar, señaló Nabil Benbdallah. Esa combinación, sostuvo, ha dejado a millones de jóvenes sin oportunidades, empleo ni formación.

El Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), formación islamista que gobernó entre 2011 y 2021 antes de sufrir un fuerte retroceso electoral, reclamó una comisión nacional de investigación bajo autoridad real. La formación exigió además que sus conclusiones fueran públicas para esclarecer las responsabilidades políticas y operativas de lo ocurrido.

El primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch, que estuvo en Malloca el fin de semana después de la tragedia de Ceuta

El primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch, que estuvo en Malloca el fin de semana después de la tragedia de Ceuta / Pool Moncloa / Borja Puig de la / Pool Moncloa / Borja Puig de la

Malestar en la coalición

El problema de fondo, la falta de perspectivas juveniles, afloró incluso dentro de la coalición gubernamental. El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), segundo socio del Ejecutivo, admitió las carencias del diálogo con los jóvenes. A su vez, las juventudes del Istiqlal, tercera fuerza de la coalición, calificaron lo ocurrido de "señal de alarma" y reclamaron soluciones que devuelvan confianza en el futuro.

Las ONG nacionales han sido todavía más contundentes. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos, una de las principales entidades independientes del país, atribuyó al Estado una responsabilidad política directa y describió la crisis como consecuencia del "fracaso flagrante" de sus políticas para garantizar una vida digna. Reclamó una investigación seria e independiente, protección para los menores y una gestión basada en derechos. También pidió actuar contra el desempleo y bloqueo social, más allá del control fronterizo, que ha marcado las primeras reacciones y responde en buena medida a las prioridades europeas de seguridad.

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