La política migratoria de la Unión Europea se "mimetiza" con el ICE de Trump

El mundo avanza hacia un cierre de fronteras cada vez más acusado y Europa no es ajena a esta tendencia. Mientras en países como Estados Unidos el endurecimiento de las políticas migratorias se hace cada vez más visible, incluso en los ámbitos más cotidianos, la Unión Europea (UE) se prepara para la entrada en vigor, en un mes, del Pacto sobre Migración y Asilo. Sobre el papel, esta hoja de ruta busca articular una respuesta común de los 27 ante los flujos migratorios. Los desafíos y las incógnitas siguen sobre la mesa y la lectura de los expertos es clara: el Pacto supone un endurecimiento de las políticas migratorias. Europa, al igual que Estados Unidos, avanza hacia un mayor blindaje de sus fronteras, pese a que parte de su estabilidad - especialmente en términos económicos y ante el descenso demográfico - depende, en gran medida, de la migración.

Entre las medidas más cuestionadas del Pacto de Bruselas figura la creación de centros de retorno. Con su entrada en vigor, los Estados miembros dispondrán, con carácter general, de un plazo de 72 horas para tramitar las solicitudes de asilo de las personas que lleguen a Europa. En caso de resolución negativa, las personas migrantes podrán ser derivadas a centros situados en terceros países considerados seguros —como Marruecos, India, Túnez, Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo o países candidatos a la adhesión—. La medida, que salió adelante pese a la oposición de España, Francia y Portugal, diluye cualquier vínculo efectivo entre la persona retornada y el Estado de destino, lo que abre la puerta a posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

En este contexto, el Gobierno de Canarias teme que las Islas, a la luz de lo recogido en la nueva normativa europea, puedan convertirse en una "cárcel" para las personas migrantes y en una puerta de entrada sin salida al territorio europeo. Son numerosas las incógnitas que plantea el Archipiélago ante esta medida. "Lo que está claro es que a nivel occidental hay un movimiento de cierre de fronteras, de contracción, por el contexto global", explica el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, Frédéric Mertens.

Deportaciones a terceros países

Estados Unidos ya ha dado pasos en esta dirección al firmar acuerdos con terceros países para que reciban a migrantes deportados por la Administración de Donald Trump. Las personas expulsadas son trasladadas a países como la República Democrática del Congo tras haber permanecido retenidas en centros del ICE. Más de una decena de ciudadanos latinoamericanos han sido deportados a Kinshasa —capital congoleña— pese a no tener ningún vínculo con el país. Las autoridades congoleñas anunciaron que comenzarían a recibir a estos grupos y que los acogerían de forma temporal en el marco de un programa financiado por Washington. Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial o Sudán del Sur también se han sumado al acuerdo.

Si bien el modelo de Bruselas, apunta el experto, no es aplicable al estadounidense - ya que la Unión Europea lleva desde finales de los noventa extendiendo de forma extraterritorial el control de sus fronteras -, la actuación de Washington "genera un mimetismo peculiar" en Europa, pero también en países como Japón o Australia. En todos ellos, recalca Mertens, se refuerza la idea del "somos nosotros o son ellos".

Las políticas europeas

El auge de la ultraderecha, en este contexto, amenaza con endurecer aún más este modelo. Formaciones como Vox, el trumpismo en Estados Unidos o los gobiernos de Giorgia Meloni en Italia y el entorno político de Marine Le Pen en Francia apuntalan esta tendencia. "Todas estas formaciones juegan con la mezcla de preocupaciones que, en muchos casos, no tienen que ver directamente con la inmigración", matiza Frédéric Mertens. En el caso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), añade, se trata también de una estrategia para implicar a la ciudadanía y "diluir la responsabilidad política" entre la población.

Con la entrada en vigor de la nueva normativa, la UE además se enfrenta, según el doctor en Derecho Lucas Pérez, a un "cambio estructural", especialmente por el enfoque comunitario que introduce y por el refuerzo del papel de la Comisión Europea, que emitirá un informe anual cada 15 de octubre. "Los países ya tienen obligaciones a través de los reglamentos", subraya Pérez. Se incorpora así una "visión común" de las migraciones que se consolida en un contexto de crecientes tensiones a nivel global, aunque su resultado, advierte, no es "del todo satisfactorio".

El escenario es claro. Los pasos que se están dando en distintas partes del mundo reflejan "una visión cada vez más restrictiva de las migraciones", señala Pérez. Estas políticas más duras buscan, además, contener en origen las dinámicas migratorias y mantenerlas al margen de la entrada en el continente europeo.

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