La ultraderecha brasileña busca sacar rédito político de la brutal operación policial en Río de Janeiro

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, el responsable político de la operación policial más letal de la historia del país, con 121 muertos, se presentó el domingo en la parroquia Santa Rosa de Lima en zona oeste de la "ciudad maravillosa" donde todavía no se ha secado la sangre. Castro, un recurrente aficionado al canto y miembro del grupo pentecostal Renovación Carismática, no se privó de hacerlo desde la planta superior de la iglesia. Los feligreses no solo aplaudieron a un hombre devoto sino a la figura de la ultraderecha brasileña que ha encontrado en la "lucha contra el narcoterrorismo" de Donald Trump una bandera para ondear de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Castro no deja de asegurar que se quedó "solo" en su combate contra el Comando Vermelho. Sugirió una indiferencia en materia de seguridad urbana no solo de Luiz Inácio Lula da Silva sino de las Fuerzas Armadas y el mismo Tribunal Supremo Federal (STF) que condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por su condición de líder de una "organización criminal" que quiso tomar el poder en enero de 2023.

El gobernador carioca ha recibido el apoyo de otros gobernadores regionales del bolsonarismo, entre ellos el paulista Tarcísio de Freitas, hasta la semana pasada el principal aspirante de la ultraderecha y la derecha para competir en las urnas. El horizonte de las expectativas electorales se ha modificado a partir de lo que los organismos de derechos humanos llaman "masacre" en la zona norte de Río de Janeiro. La ponderación de Castro ha crecido entre la mayoría de sus habitantes, indiferentes a las protestas y acusaciones. La acción policial ha sido aprobada por un 69,6% en la encuesta de Paraná Pesquisas. Los sondeos de Genial/Quaest y AtlasIntel revelan respaldos del 64% y 62%, respectivamente y un alto consenso en la clasificación del CV como grupo "narcoterrorista". Para Datafolha, un 57% de los entrevistados están de acuerdo. El rechazo masivo a la operación se verifica en los votantes de Lula. Por el contrario, los mayores avales se encuentran en las "favelas" (barriadas pobres).

Petición de la ONU

La policía ha identificado a 115 de los 121 muertos y afirmó que el 95 % tenía "vínculos probados con el CV". En este contexto de creciente legitimidad política de la acción, un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) pidió a las autoridades brasileñas una investigación "inmediata, independiente y minuciosa" sobre lo ocurrido en los complejos de Alemão y Penha. El comunicado, suscrito por el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para el Avance de la Igualdad y la Justicia Racional en la Aplicación de la Ley, sostiene que existen las sospechas de "homicidios ilegales" que deben ser investigados sobre la base de una "protección garantizada de los testigos, los familiares y los defensores de los derechos humanos". Se han recibido denuncias de "favelados" cuyas casas fueron allanadas sin presentar órdenes judiciales y detenciones arbitrarias. "La magnitud de la violencia, la naturaleza de los asesinatos denunciados y las consecuencias para las comunidades pobres afrodescendientes que viven en zonas periféricas urbanas ponen de manifiesto un patrón profundamente arraigado de vigilancia policial racializada e impunidad".

La disputa por la narrativa de los hechos llegará al Congreso. El Partido de los Trabajadores (PT, oficialismo) y el PL, la fuerza de Bolsonaro, han comenzado a pelear entre bastidores para quedarse con la comisión investigadora (CPI) del crimen organizado. La ultraderecha quiere que la controle Flavio Bolsonaro. El hijo del expresidente había pedido días antes de la incursión policial en Río de Janeiro la intervención de Estados Unidos, llegando a confesar su "envidia" por los hundimientos de barcos en el Caribe y el Pacífico colombiano.

Capital político y negocios

"Con la acción contra el Comando Vermelho y con Cláudio Castro como líder político al frente de lo ocurrido, el Partido Liberal (PL) logró reavivar el discurso del 'nosotros contra ellos' en uno de los temas más queridos no solo por los ciudadanos de Río de Janeiro, sino también por Brasil: la seguridad pública", señaló Bela Megale, columnista de O Globo. El plan en adelante es "reforzar el discurso conservador del gobernador de Río de Janeiro de que la operación fue un éxito, a pesar de ser la más letal de la historia, y de que solo los policías fueron víctimas". Paralelamente, la estrategia consiste en intentar asociar a los gobiernos de Lula "con supuestas dificultades para combatir el crimen organizado".

De acuerdo con Gabriel Feltran, un brasileño que dirige el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) y es profesor de SciencesPo, una de las principales instituciones de enseñanza de ciencias sociales de Europa, la narrativa que ve una limpieza contra el supuesto "narcoterrorismo", apoyada por youtubers y expolicías convertidos en comentaristas de televisión, fomenta "un proyecto totalitario".

Este proyecto, dijo al diario paulista Folha,  ya controla los gobiernos estatales, los legislativos y parte del poder judicial, y solo le falta controlar el STF. "No parece que vaya a tardar mucho en conseguirlo". Feltran subraya que las "masacres" son "acontecimientos críticos, pensados para reordenar la rutina posterior y cotidiana, sobre todo de los acuerdos financieros rutinarios entre la policía y el crimen en las favelas, pero hoy también mucho más allá de ellas". Después de la reciente demostración "se puede cobrar más en el día a día para vender protección ilegal a los traficantes o legal a las clases medias y las élites". Los mercados de la corrupción "son hoy millonarios, y quienes ya han prestado servicios a policías corruptos, como médicos y abogados, saben que suelen pagar en efectivo". Ese es el proyecto que anima al movimiento político de extrema derecha, "cuyo núcleo duro es la politización autonomista de la policía y, sobre todo, de la policía militar".

Suscríbete para seguir leyendo