La Administración Trump trabaja en un plan para derrocar a Maduro

EEUU intensifica la presión para derrocar a Nicolás Maduro. La administración de Donald Trump ha abierto en las últimas semanas un nuevo frente de operaciones militares y diplomáticas con el objetivo declarado de derrocar al presidente venezolano, a quien considera un "fugitivo de la justicia estadounidense" y líder de una red de narcotráfico.

El impulso está encabezado por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que defiende que Maduro representa una amenaza "inminente" por su presunto papel en la exportación de drogas a territorio estadounidense. Rubio, como voz principal que asesora a Trump sobre seguridad nacional, ha encontrado también el respaldo del director de la CIA, John Ratcliffe, y Stephen Miller, principal asesor de política interna de Trump, según confirmaron varios altos cargos al New York Times.

Escalada militar en el Caribe

En julio, Trump firmó una orden, calificada como “secreto” de estado, autorizando al Pentágono a usar la fuerza contra los carteles designados como organizaciones terroristas. Desde entonces, el Ejército estadounidense ha reforzado su presencia en la región con más de 6.500 tropas y una flota naval en el Caribe. Entre el 2 y el 21 de septiembre, EEUU ha atacado en hasta tres ocasiones embarcaciones civiles en aguas internacionales, con el argumento de que se trataba de redes de contrabando vinculadas a Venezuela. Al menos 17 personas murieron en esas operaciones.

Rubio impulsa ahora planes más ambiciosos: operaciones dentro de Venezuela contra sospechosos de narcotráfico. Aunque la Casa Blanca no ha aprobado todavía este paso, fuentes militares aseguran que los preparativos están en marcha. El argumento oficial es que se trata de una campaña antinarcóticos, pese a que expertos legales cuestionan su legalidad bajo el derecho internacional.

En paralelo, la oposición venezolana en el exilio ha mantenido contactos discretos con la Casa Blanca. Pedro Urruchurtu, asesor de la dirigente María Corina Machado, confirmó que cuentan con un plan para las primeras 100 horas tras una hipotética caída de Maduro, con la transferencia de poder a Edmundo González, candidato opositor en las elecciones de 2024 y exiliado en España. "Tiene que hacerse con el uso de la fuerza, porque de otro modo no sería posible derrotar al régimen", declaró al Times, una afirmación que confirmaron otros dirigentes opositores. El Departamento de Estado, sin embargo, negó cualquier coordinación fuera del ámbito de la lucha contra los carteles.

Diplomacia frente a guerra

No todos en Washington comparten la estrategia de Rubio. Richard Grenell, enviado especial de Trump para Venezuela, ha defendido la vía diplomática y advirtió de los riesgos de un conflicto prolongado. "Creo en evitar la guerra", dijo en un acto en Paraguay este mes. Grenell ha negociado con Caracas la liberación de rehenes estadounidenses y acuerdos migratorios, y mantiene canales abiertos con el gobierno de Maduro.

Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a la administración Trump de perseguir un cambio de régimen bajo la excusa del narcotráfico. "No tengo duda de que uno de sus objetivos estratégicos es lo que llaman cambio de régimen", dijo al diario neoyorquino. El propio Maduro envió a Trump una carta el 6 de septiembre pidiendo rebajar tensiones y abrir un diálogo. La Casa Blanca admitió haberla recibido, pero la descartó.

Contexto regional

El Departamento de Estado ha elevado la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares. Washington sostiene que su salida debilitaría también al Gobierno cubano, aliado cercano de Caracas. Rubio, senador republicano por Florida e hijo de inmigrantes cubanos, ha hecho de este tema una bandera política con gran eco entre el electorado latino en su estado.

Trump no ha dicho abiertamente que su meta sea deponer a Maduro, pero en la Asamblea General de la ONU sí lanzó una advertencia clara: "Hemos comenzado a usar el poder supremo de nuestro Ejército para destruir terroristas venezolanos y redes de narcotráfico lideradas por Nicolás Maduro. Los haremos desaparecer de la faz de la tierra".

El Gobierno venezolano insiste en que no es un productor ni exportador relevante de cocaína y recuerda que la ONU sitúa la mayor parte de la producción en Colombia, Perú y Bolivia. Desde Caracas, insisten en que generar deliberadamente un conflicto a gran escala podría generar migración masiva y desestabilizar la región.

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