"Los delincuentes cambian constantemente la forma de introducir armas mortales en la Unión Europea y tenemos que ir un paso por delante", sostiene la comisaria de Interior, Ylva Johansson. Para ello, la Comisión Europea ha propuesto este jueves endurecer las reglas sobre importación, exportación y tránsito de armas de fuego de uso civil en la UE en medio de la creciente preocupación entre algunos gobiernos europeos de que la guerra en Ucrania aumente el descontrol y el tráfico de armas en territorio europeo.

"Esto no ha ocurrido todavía debo decir, pero nos tenemos que preparar y por eso estamos desarrollando un plan de acción antitráfico de armas con los ucranianos. (…) Por supuesto que hay un riesgo enorme pero confío en los militares ucranianos -realmente están utilizando las armas de forma correcta-, pero también sabemos que la guerra es un desastre para la gente, pero es una oportunidad para los criminales y tenemos que estar preparados para ello", ha insistido la comisaría de Interior durante una breve comparecencia para explicar la actualización de las reglas. La comisaria ha destacado en que "reducir el uso y el tráfico ilegal de armas de fuego debe basarse en una buena cooperación policial, una buena información y procedimientos transparentes y esta propuesta lo consigue".

El plan ya figuraba en el programa de trabajo comunitario antes de que Rusia invadiera Ucrania el pasado 24 de febrero, pero ha cobrado relevancia a raíz de la guerra y la constatación de que siguen entrando en territorio comunitario armas utilizadas en las guerras de la antigua Yugoslavia. Actualmente, según los cálculos comunitarios, hay unos 35 millones de armas ilícitas en manos de civiles y unas 630.000 figuran como robadas en la base de datos del sistema de información Schengen.

Procedimientos claros

La propuesta, que ahora deberá ser negociada con Consejo y Parlamento Europeo, establece procedimientos comunes más claros para la importación, exportación y tránsito de armas, municiones así como armas de alarma y señalización. Por ejemplo, se creará un sistema de licencias electrónicas para las solicitudes de importación y exportación que sustituiría a los sistemas nacionales actuales, que en la mayoría de los casos siguen siendo en papel. "Este nuevo sistema sin papel ahorrará tiempo a los solicitantes y simplificará el proceso", alega la Comisión.

El plan de Bruselas también establece procedimientos simplificados de importación y exportación para cazadores, tiradores deportivos y expositores. En particular, no se exigirá una autorización previa de importación o exportación a los cazadores que dispongan de una tarjeta europea de armas de fuego. Además, impondrá normas técnicas estrictas para las armas de alarma y de señales, que son dispositivos fabricados para poder disparar únicamente munición de fogueo, gas lacrimógeno o irritante. Esto, sostiene el Ejecutivo comunitario, ayudará a evitar que se conviertan en armas de fuego letales. Las armas de este tipo que no cumplan estas normas deberán importarse como armas de fuego. Además, la Comisión establecerá una lista de armas de alarma y señalización no convertibles, es decir, dispositivos que no podrán convertirse para expulsar un disparo, bala o proyectil.

Menos "armas fantasmas"

La iniciativa también introducirá normas más estrictas para los componentes semiacabados. Por ejemplo, sólo podrán ser importados por distribuidores y corredores con licencia, un requisito con el que aspiran a reducir la amenaza de las armas de fuego "fantasmas", de fabricación casera sin marcado ni registro. Además, se exigirá un certificado de usuario final para las armas de fuego más peligrosas para garantizar que el comprador es el destinatario final de la mercancía y que no tiene previsto transferirla a otra persona. "Esto reducirá el riesgo de desvío de armas de fuego del mercado legal al mercado negro durante o después de la exportación", subraya la Comisión.

La normativa también exigirá a los gobiernos de la UE que realicen controles estrictos de las denegaciones de autorizaciones de importación o exportación. Esto significa que las autoridades nacionales tendrán que comprobar si a alguien que solicita una autorización ya se le ha denegado una autorización anteriormente en otro Estado miembro. Por ello, cuando se deniegue una autorización de importación o exportación, la información se tendrá que compartir con otros Estados miembros con el objetivo de evitar que las personas "compren" en otro Estado miembro de la UE para obtener dicha autorización.