Los diputados británicos aprobaron el lunes la legislación para modificar unilateralmente el Protocolo para Irlanda del Norte que forma parte de los acuerdos del Brexit firmados por Boris Johnson con la Unión Europea. El proyecto salió adelante por 295 votos a favor de los cambios, frente a 221 en contra. Al abrir el largo debate en la Cámara de los Comunes la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, presentó la reforma como “necesaria y legal”, después de que “hayamos buscado una solución negociada durante 18 meses”, pero “la Unión Europea se ha negado a cambiar el texto del Protocolo”. Por ello argumentó, “existe una fuerte justificación legal para tomar esta medida”.

La legalidad fue en cambio más que cuestionada incluso desde las filas conservadoras. El exministro de Desarrollo Internacional, Andrew Mitchell, dijo temer que los cambios “rompan con un tratado internacional, echen por tierra nuestra reputación internacional, amenacen con una guerra comercial en un momento en que nuestra economía está estancada y nos enfrenten a nuestro principal aliado”. La exprimera ministra, Theresa May, también se manifestó en contra.

 Truss volvió a invocar la inestabilidad institucional en Irlanda del Norte y el peligro para el Acuerdo de Paz a fin de justificar los cambios. “La aprobación de la ley”, aseguró, supondrá el retorno de los unionistas del DUP al gobierno compartido de Irlanda del Norte que boicotean desde hace meses. En Baviera, donde participaba en la cumbre del G7, Boris Johnson indicó que desea la entrada en vigor de las nuevas normas a finales de año. 

Doble sistema de control

El gobierno británico propone establecer un “corredor verde”, sin ningún control fronterizo para las mercancías procedentes de Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) que tengan como destino exclusivo Irlanda del Norte. Al mismo tiempo se establecería un “corredor rojo” para los productos de Gran Bretaña que irían vía noirlandesa a la República de Irlanda, es decir a la Unión Europea. Solo estos últimos estarían sometidos a controles y normas de la UE. El gobierno británico reforzaría la entrega a Bruselas por adelantado de los datos informáticos de los intercambios comerciales. También establece que cualquier modificación del impuesto de valor añadido (VAT en inglés) se aplique al IVA en Irlanda del Norte. El gobierno intenta eliminar al Tribunal de Justicia de la UE como órgano supervisor en Irlanda del Norte y quiere que se reemplace por un nuevo mecanismo de arbitraje.