Con su histórica decisión del viernes derogando la protección constitucional del derecho al aborto, el Tribunal Supremo ha devuelto a Estados Unidos, en muchos sentidos, a la era anterior a 1973, cuando se había reconocido esa protección a la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas cosas, no obstante, han cambiado radicalmente en 49 años. Y la mayor revolución acaecida en ese tiempo, la de la tecnología, ahora dispara la alarma ante la posibilidad de que en los estados que ya han empezado a ilegalizar el aborto, y los que lo harán, se exploten herramientas y usos de la era digital para perseguir a las mujeres que abortan o lo intentan y a quienes, de una manera u otra, les asisten. Es el miedo a la “vigilancia del útero”.
El concepto lo acuñó en mayo, cuando se filtró el borrador de la sentencia, el senador demócrata Ron Wyden, que habló de él en un encuentro digital del Instituto Aspen y lo tuiteó al día siguiente escribiendo: “Nada desean más los republicanos que un estado distópico de vigilancia del útero”. Se repite también entre otros legisladores, expertos legales y en privacidad y tecnología, activistas y observadores, que llevan tiempo advirtiendo de que, en esta era digital, la decisión del Supremo, combinada con nuevas y crecientes leyes antiaborto extremas, representa una bomba de relojería.
Datos vulnerables
Con la criminalización de prácticamente cualquier interrupción del aborto que esas leyes impulsan, las fuerzas del orden de estados conservadores podrían empezar a examinar todo aquello que consideren que puede dar información sobre si se ha tratado de una cuestión deliberada, ya sea a través de un aborto quirúrgico o a través de píldoras abortivas, con las que se realizan más de la mitad de los abortos en EEUU y cuyo acceso han limitado o prohibido algunos estados. (En Misuri se ha propuesto, por ejemplo, que el envío o la entrega de píldoras se considere tráfico de drogas y Luisiana ha aprobado una ley que convierte el envío de píldoras en un delito penado con hasta seis meses de cárcel).
Lo mismo podrían hacer los “cazadores de recompensas” en que leyes como las que están en vigor en Tejas y Oklahoma convierten a cualquier ciudadano que quiera denunciar un aborto.
En el foco de autoridades o de esos “cazarrecompensas” entrarían potencialmente historiales de búsqueda en internet que se han realizado, páginas que se han visitado, datos de localización del teléfono o de pagos realizados con tarjeta de crédito, comunicaciones mantenidas o incluso datos de apps que las mujeres usan para hacer un seguimiento de sus periodos.
“Puede empeorar qué tipos de información y técnicas investigativas se explotan en servicio de esas leyes”, advertía ya antes del dictado de la sentencia del viernes desde la Unión Americana de Libertades Civiles Nate Wessler. “Está claro que vamos a ver investigaciones agresivas en poco tiempo probablemente”, avisaba en unas declaraciones recientes a ‘Politico’.
Ese escenario es el que dispara las alarmas, especialmente por la falta de regulaciones federales en EEUU que garanticen la férrea protección de los datos o controlen su comercio. Y el problema quedó expuesto a principios de mayo, cuando un reportero de ‘Vice’ compró por 160 dólares datos de visitas a más de 600 centros de Planned Parenthood.
Acción política
El presidente de EEUU, Joe Biden, hizo referencia a este creciente miedo en su discurso de reacción a la sentencia del Supremo el viernes, advirtiendo sobre “gobernadores y legisladores estatales extremistas” que, entre otras cosas, “intentan controlar las acciones de una mujer siguiendo aplicaciones que usa”.
El miedo también ya había llevado recientemente a legisladores demócratas, incluyendo el senador Wyden, a presentar una propuesta de ley que busca reforzar la protección de datos. Aunque las opciones de que salga adelante en el Congreso por ahora son prácticamente nulas, la norma, titulada “Mi cuerpo, mis datos”, prohibiría a empresas retener datos sobre salud reproductiva de sus clientes sin consentimiento y vetaría también a ‘brokers’ la venta de datos de usuarios sobre localización o salud. Esos mismos congresistas enviaron el viernes una carta a la Comisión Federal de Comercio instándole a abrir investigaciones de acciones de las grandes tecnológicas.
Precedentes
Las alertas tienen base en precedentes. Ya en 2018, por ejemplo, una mujer de Misuri fue detenida y acusada de asesinato en segundo grado por la pérdida de su bebé a las 36 semanas de embarazo. La mujer aseguraba que nació muerto pero fue imputada después de que las autoridades se hicieran con su teléfono y vieran que había buscado información sobre mifepristone y misoprostol, la medicación abortiva. Aunque un gran jurado rechazó los cargos, el proceso se alargó tres años.
“Ya hemos visto a gente arrestada e imputada usando vigilancia electrónica y podemos imaginar cuánto va a empeorar en el mundo post-Roe”, le decía a Politico Albert Fox Cahn, del Proyecto de Supervision de Tecnología de Vigilancia. “Vamos a ver un enorme foco en vigilancia de la telemedicina y de servicios de aborto online porque para millones de americanas esa va a ser cada vez más su única forma de garantizarse atención abortiva segura”.
También los líderes de la Electronic Frontier Foundation, organización especializada en derechos digitales, han advertido en un comunicado que “quienes buscan, ofrecen o facilitan acceso al aborto deben asumir ahora que cualquier dato que dan online u offline puede ser buscado por fuerzas del orden”.
Tanto esa organización como otras especializadas en privacidad urgen a las tecnológicas a reforzar la protección de sus usuarios a través de pasos como permitir el acceso anónimo, abandonar el uso de herramientas de seguimiento de comportamiento y de localización, reforzar las políticas de borrado de datos y asegurar que los usuarios son informados cuando alguien busque conseguirlos. A las mujeres, mientras, se les insta a dar también pasos como usar navegadores que limitan el seguimiento como Tor y DuckDuckGo , VPNs y servicios de mensajería encriptada como Signal.
