El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido acabar con el derecho al aborto en el país tal y como ha estado regulado y constitucionalmente protegido las últimas cinco décadas. Así se desprende del primer borrador de la opinión mayoritaria del Alto Tribunal que ha obtenido en exclusiva 'Politico'.
La filtración apunta a un punto de inflexión en la historia de los derechos reproductivos de EEUU, inmediatamente ha provocado un terremoto político y social y promete marcar de forma intensa la vida política en EEUU, que enfrenta elecciones legislativas en noviembre.
El texto al que ha tenido acceso 'Politico' y que ha publicado íntegro, con sus 98 páginas, es de febrero. Aunque nada es definitivo hasta que se publique la opinión final, y podría haber cambios en el texto o en los votos antes de esa publicación, que se espera en los próximos dos meses, la contundencia de la opinión escrita por el juez Samuel Alito y que apoyan otros cuatro de los jueces de la mayoría conservadora en el Tribunal con nueve miembros apunta al giro sísmico.
Revocación
“Roe fue clamorosamente errónea desde el principio”, escribe Alito en una referencia a Roe v. Wade, la decisión de 1973 que dio protección federal constitucional en EEUU al derecho al aborto. “Mantenemos que Roe y Casey deben ser revocados”, se lee también en la opinión, en alusión a otra sentencia del Supremo de 1992 que ratificó el derecho y, aunque dejó a los estados más margen para regular, seguía impidiendo a estos que prohibieran el aborto antes de que el feto fuera viable, un momento que habitualmente se establece entre las 22 y 24 semanas de gestación
La opinión, con la que se resuelve el caso que se planteó tras la adopción de una draconiana ley de Misisipí que prohibía prácticamente todos los abortos después de 15 semanas de embarazo, asevera que “es hora de acatar la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”. "La Constitución no hace referencia expresa al derecho a obtener un aborto", ha escrito también Alito, que afirma que "la conclusión ineludible es que el derecho al aborto no está profundamente enraizado en la historia y tradiciones de la nación".
El Supremo dejaría así la regulación del aborto en manos de los estados, que son los que podrían decidir si lo permiten o no. Al menos en 13 controlados por los republicanos hay preparadas leyes que, con una sentencia revocando Roe (y no eliminando solo algunas de las protecciones que ofrecía), inmediatamente harían el aborto ilegal. Otros nueve tienen normas similares bloqueadas por los tribunales que podrían recuperarse si se revoca Roe y siete más tienen preparadas leyes que expresan la intención de hacerlo. 16 estados progresistas y el Distrito de Columbia, mientras, tienen leyes que protegen el derecho al aborto.
A Alito lo secundan los jueces conservadores Clarence Thomas y los tres nombrados por Trump: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Según 'Politico' los jueces progresistas Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan preparar una o varias opiniones de disenso. En la publicación se explica que no está clara qué posición adoptará el presidente del Alto Tribunal, el conservador John Roberts, pero según CNN su opinión sería aceptar la ley de Misisipí pero no revocar completamente Roe.
Batalla política
El impacto de la filtración tiene múltiples frentes. Adelanta la batalla política alrededor del aborto, que ya se esperaba que tuviera un lugar central de cara a las legislativas. En un país donde según los sondeos la mayoría de estadounidenses defienden garantizar el derecho y mantener las protecciones que ahora amenaza con eliminar el Supremo, organizaciones progresistas han organizado protestas para este martes. Y el mismo lunes por la noche, cuando varios cientos de personas a favor se reunieron en una vigilia frente al Alto Tribunal en Washington, donde aparecieron también grupúsculos de opositores, las reacciones de republicanos y demócratas han confirmado el intensificado enfrentamiento.
Para los conservadores, que llevan décadas luchando contra el aborto, y en los últimos años han promulgado en los estados que controlan leyes cada vez más restrictivas, es una victoria.
Los demócratas, en cambio, han pronunciado críticas feroces. Nancy Pelosi y Chuck Schumer, líderes en las dos cámaras en el Congreso, han emitido un comunicado en el que aseguran que si la decisión se confirma quedará “como una abominación, una de las peores y más dañinas decisiones en la historia moderna”. Y resurgen las voces que llaman a aprobar legislación federal que proteja el derecho al aborto, pero para conseguirlo, y dado que no tienen la mayoría de dos tercios necesarios en el Senado, es algo para lo que los demócratas necesitarían antes acabar con la práctica del filibusterismo. Al menos uno de sus senadores, Joe Manchin, se opone ferozmente a hacerlo.
Los progresistas advierten no solo del retroceso que la sentencia del Supremo tal y como está en el borrador representaría para los derechos reproductivos de las mujeres, y especialmente de las más pobres y de minorías, sino de la amenaza que la sentencia plantea para otros derechos. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, ha denunciado que el razonamiento de Alito de que el aborto y derechos “no tienen raíces en la historia” y el desmantelamiento de la estructura que protegía las interrupciones del embarazo bajo argumentos de privacidad pone en peligro avances y protecciones en otros campos como los derechos civiles o el matrimonio gay.
Un Supremo politizado
La filtración, que aunque no es la primera que sale del Supremo sí es la de mayor envergadura, sacude también duramente a la propia reputación del Supremo. Los portavoces del Alto Tribunal se han negado a hacer comentarios y numerosos políticos de los dos partidos y observadores han advertido del daño que hace que por primera vez se haya conocido públicamente un borrador antes de que haya una sentencia definitiva, una filtración que se debate quién ha podido hacer y con qué intereses.
La institución de poder inigualado está además cada vez más golpeada por las sombras de la politización. En el mandato de Donald Trump se nombraron tres de los jueces que han establecido la supermayoría de seis conservadores frente a tres progresistas. Las tres nominaciones y las posteriores sesiones de confirmación en el Senado estuvieron cargadas de polémica y tensión, y lo mismo ha sucedido con la confirmación de Ketanji Brown Jackson, la jueza nominada por Joe Biden para relevar a Stephen Breyer.
En diciembre, cuando se celebró la vista para el caso de Misisipí que ahora decide el Supremo, la jueza progresista Sonia Sotomayor alertó de que la institución estaba cada vez más sacudida por esas sombras de pérdida de independencia y politización de las cuestiones que aborda. “¿Sobrevivirá esta institución el hedor que esto crea en al percepción pública de que la Constitución y su lectura son solo actos políticos?”, planteó en la vista sobre el aborto. “Si la gente cree que todo esto es política, ¿cómo sobreviviremos?, ¿cómo sobrevivirá el Tribunal?”
