A menos de dos semanas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y tras una sesión maratoniana de 20 horas, la Cámara de Diputados chilena aprobó la apertura de un juicio político contra el presidente de derechas Sebastián Piñera por haber realizado una millonaria operación económica incompatible con sus funciones ejecutivas. El Senado debe ahora respaldar la iniciativa para que la moción de censura se ponga en marcha, aunque requerirá del respaldo de dos tercios de la Cámara. Piñera no está entre los candidatos de estas presidenciales.
La votación se saldó con 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones, zanjando así un debate que comenzó el lunes por la mañana. El diputado socialista Jaime Naranjo extendió su discurso durante más de 15 horas con el fin de "hacer tiempo" y esperar la llegada Giorgio Jackson a la Cámara, una vez cumplida su cuarentena tras haber contraído el covid-19. Jackson, cuyo voto resultó clave, llegó al hemiciclo en las primeras horas de este martes. "Hubo un esfuerzo unitario importante y bastante inédito... la unidad de la oposición levantó una alerta para decir 'no todo vale'”, dijo el diputado.
El abogado del presidente, Jorge Gálvez, defendió durante más de cinco horas la inocencia de Piñera. "Les ruego, honorables diputados y diputadas, rechazar esta injusta e improcedente acusación constitucional", aseguró antes de advertir sobre las posibles "heridas" que dejaría este episodio de cara al futuro institucional del país si se consuma la moción de censura.
El presidente, una de las grandes fortunas de Chile, quedó en el ojo del huracán político tras las revelaciones de los Papeles de Pandora. Uno de los miles de informes filtrados está relacionado con un episodio de su primer mandato: en diciembre de 2010 vendió por 152 millones de dólares su parte en la compañía minera Dominga a su socio e íntimo amigo íntimo Carlos Alberto Délano.
Parte de ese dinero fue pagado en el país y otros 138 millones en Islas Vírgenes para eluidir impuestos. Al margen de lo que suceda en el Congreso, la fiscalía anticorrupción busca determinar si el magnate realizó u omitió gestiones, en su calidad de funcionario público, que pudieron haber incidido en la tercera cláusula del contrato de compraventa suscrito en Islas Vírgenes.
