El Comisión Investigadora del Senado de Brasil (CPI) votará este martes el informe que propone acusar al presidente Jair Bolsonaro de nueve delitos, entre ellos el de crímenes contra la humanidad, por el modo en que enfrentó el Gobierno de ultraderecha una pandemia que provocó la muerte de más de 606.000 personas. A Bolsonaro se le imputan además ocho cargos, entre ellos los de infracción de las medidas sanitarias, al no usar mascarilla y su rechazo a vacunarse, "charlatanería" de corte negacionista, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de fondos públicos y la promoción del uso de drogas sin validación científica para combatir el covid-19.
El texto, redactado por el senador Renan Calheiros, involucra además a 81 personas, entre ellas dos ministros de Salud, el general Eduardo Pazuello y su actual sucesor, Marcelo Queiroga, y a los hijos del capitán retirado, el senador Flavio Bolsonaro y el diputado Flavio Bolsonaro, entre otros funcionarios y autoridades. El senador Luiz Carlos Heinze, integrante de la misma CPI, fue también acusado de haber divulgado fake news.
La CPI también solicita en el informe suspender el acceso del presidente de Bolsonaro a sus cuentas en redes sociales por haber citado citar información falsa sobre el covid-19 en las vísperas de la votación. Google, Facebook e Instagram quitaron un video en el que el presidente había asegurado que las personas vacunadas "están desarrollando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)".
"Quiero decirles a los canallas que nunca seré detenido", advirtió el capitán retirado el pasado 7 de septiembre. Siete de los delitos mencionados en el informe contemplan una pena de prisión. Sin embargo, ese escenario político y judicial no se insinúa en el horizonte. La comisión parlamentaria no tiene la potestad de denunciar, juzgar o castigar a nadie. El informe sólo presenta las conclusiones de las investigaciones y las sugerencias que las autoridades competentes deberían tomar en sus manos. Por el momento, el capitán retirado duerme tranquilo: el Fiscal General de la República, Augusto Aras, es un entusiasta bolsonarista y no tiene, por el momento, la mínima intención de denunciarlo ante el Tribunal Supremo Federal (STF).
La posibilidad de que el texto de la CPI abra en la Cámara de Diputados las puertas de un 'impeachment' tampoco se corresponde con la actual relación de fuerzas en esa Cámara. Bolsonaro ha comprado una suficiente cantidad de voluntades que obstaculizarían la vía del juicio político. Algunos analistas especulan, sin embargo, con que un fiscal estadual tome cartas en el asunto y presente una demanda ante el STF. La otra alternativa con la que se especulaba es una demanda ante el Tribunal Penal Internacional.
Golpe Político
Por lo pronto, el informe representa un duro golpe para la credibilidad del presidente, tanto a nivel interno como internacional. Bolsonaro tenía previsto participar de la Cumbre del G-20, que debe iniciarse en Roma el próximo fin de semana. La idea de viajar a Glasgow para la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) podría ser descartada en este nuevo escenario.
Los aliados del capitán retirado en el Congreso descreyeron en un principio en el impacto político de la labor de la CPI. Cuando comenzó sus tareas, el bolsonarismo confió en que el avance de una tardía campaña de vacunación, neutralizaría el papel de la comisión parlamentaria. Un 52,1% de los brasileños ya ha recibido las dos dosis y la CPI nunca detuvo su ritmo. Lo que ha pesado, en definitiva, es un historial de desaciertos. Desde el inicio de la propagación del nuevo coronavirus, a fines de marzo del año pasado, Bolsonaro tomó la palabra para subestimar en términos inquietantes los efectos de la pandemia. No solo se opuso a las medidas de confinamiento: calificó de "histeria" el miedo colectivo a los contagios, llamó a los brasileños a salir a las calles, calificó al covid-19 de "gripecita", y promovió el uso de la cloroquina, un remedio contra la malaria, a pesar de las recomendaciones contrarias de la OMS. Pero, además, actuó en contra de la compra de vacunas, lo que demoró las tareas de inmunización.
