Los sanitarios portugueses han dicho basta. Tras más de un año y medio de pandemia, en el que los servicios de salud han estado al límite, han decidido plantarse y desafiar al Gobierno luso, que se encuentra en plena negociación por los presupuestos con los partidos de izquierdas. Unas cuentas que de momento no satisfacen a sus antiguos socios parlamentarios y que los profesionales de la salud consideran insuficientes. La falta de recursos humanos, alentada por los bajos salarios y la escasez de medios, han puesto en pie de guerra a los sanitarios, que ya han anunciado huelgas para el próximo mes de noviembre.
Los principales representantes sindicales denuncian el envejecimiento de las plantillas, asociado a la fuga de jóvenes profesionales al extranjero o al sector privado. “Necesitamos una actualización salarial. Desde la última modificación, los médicos han perdido un 31% de su poder de compra, entre inflación e impuestos. Esto es muy poco atrayente para los jóvenes”, asegura el presidente del Sindicato Independiente de Médicos, Jorge Roque. El último informe publicado por la OCDE antes de la pandemia coloca a Portugal como uno de los pocos países en los que ha habido una reducción de salarios en los últimos años.
La búsqueda de empleo fuera del país también se ha producido entre los enfermeros. El número de solicitudes para emigrar al extranjero alcanzó su máximo en 2019, con un aumento del 60% respecto al año anterior, según la Orden de Enfermeros. Su presidenta, Ana Rita Cavaco, asegura que esta fuga se debe a la ausencia de concursos para acceder a la plaza de especialista, a los bajos salarios y a la ratio de enfermeros por cada 1.000 habitantes, que se sitúa por debajo de la media de la OCDE. “Los sindicatos han entendido que es el momento de convocar la huelga, ahora que hay un alivio de las restricciones. Y han hecho muy bien”, señala Cavaco.
Dimisiones en bloque
El descontento del sector sanitario se ha evidenciado en las últimas semanas con la dimisión en bloque de casi un centenar de profesionales de varios hospitales del país. La protesta más significativa se ha producido en el hospital de Setúbal, con la solicitud de baja de 88 médicos, entre ellos el director clínico, Nuno Fachada. “Hay muchos días en los que no se puede prestar servicio en urgencias y en otras áreas como oncología u oftalmología”, explica Fachada, quien señala directamente al Gobierno como responsable de la falta de personal. “Hemos intentado adaptar los recursos al máximo, pero la administración del hospital está muy limitada en cuanto al poder de contratación y de intervención”, lamenta.
El ministerio de Salud ha anunciado nuevas contrataciones para suplir las carencias del centro, en un intento de apaciguar los ánimos que, sin embargo, no satisface a los sanitarios. El Ejecutivo sostiene que los refuerzos del Sistema Nacional de Salud (SNS) deben realizarse de forma sostenida para garantizar su viabilidad, algo que los sindicatos consideran una excusa. “Los presupuestos de este año incluyen partidas a empresas fallidas como la aerolínea TAP, que absorbe cientos de millones de euros de las arcas públicas”, critica la presidenta de la Orden de Enfermeros.
Trabajadores fijos
Otra iniciativa del Gobierno ha sido la aprobación esta semana de un nuevo estatuto del Sistema Nacional de Salud, que incluye medidas para aumentar el número de trabajadores con dedicación plena al servicio público y que hasta ahora también desarrollaban actividades en el sector privado. Queda por saber qué incentivos se fijarán en términos de salario y de horarios para convencer a los trabajadores, ya que en la mayoría de los casos la adhesión no es obligatoria.
Con estas medidas, el Ejecutivo de António Costa trata de convencer a los partidos de izquierdas para que aprueben las cuentas del próximo año y eviten así una crisis política en el país, que llevaría a una convocatoria anticipada de elecciones. Por ahora, ni el Bloco de Esquerda (BE) ni el Partido Comunista Portugués (PCP) han mostrado su intención de aprobar los presupuestos, y la presión del sector sanitario obligará previsiblemente al Gobierno a hacer nuevas concesiones.
