Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Crisis migratoria

Marruecos exige más fondos a la UE para frenar la inmigración irregular

Bruselas está dispuesta a poner más dinero sobre la mesa si Rabat acepta retornar a un mayor número de marroquíes

Numerosos migrantes hacinados en el muelle de Arguineguín, durante el pasado mes de noviembre.

La colaboración de Marruecos en el control migratorio es un activo de gran importancia para la Unión Europea, que es favorable a incrementar los fondos que destina al país alauí, siempre que este acepte las demandas planteadas desde Bruselas. Según adelanta El País, que tuvo acceso a un documento reservado en el que se recogen las expectativas de Marruecos y la postura de la UE, no está siendo fácil alcanzar una buena sintonía en las negociaciones. Rabat reclama una mayor contribución económica y que la UE reconozca su relevancia en el control de la migración, como ya hizo en 2015 y 2016 con Libia y Turquía. Por su parte, los 27 exigen un acuerdo para retornar a un mayor número de marroquíes llegados de manera irregular a Europa.

El esfuerzo que hace Marruecos para la lucha contra las redes de tráfico ilícito, a través de su estrategia de control fronterizo, requiere una inversión significativa en términos de equipos y recursos humanos. Según un informe económico de Bruselas, el país alauí tiene desplegadas más de 30.000 unidades entre recursos aéreos, detección, interceptación, comunicación, alerta temprana, alerta marítima y terrestre y movilidad. El presupuesto estimado por las autoridades marroquíes para estas actuaciones es de 3.500 millones de euros para el período 2020-2027, lo que supone un desembolso de 435 millones de euros al anuales.

Durante los últimos siete años, la UE ha destinado 343 millones de euros para la gestión migratoria en Marruecos, la mayor parte tras el repunte de pateras que vivieron las costas andaluzas en 2018. Ese monto está muy lejos del asignado a Turquía, que ha recibido 6.000 millones desde 2016, para hacer frente al flujo migratorio de refugiados sirios, o incluso de los 355 millones que se han asignado a Libia desde 2015. Si bien, la llegada masiva de migrantes que se registra en las costas canarias desde febrero de 2020 ha hecho saltar las alarmas en la Unión Europea y los países miembros consideran que la relación con Marruecos requiere una reflexión y “un enfoque holístico conjunto, con objetivos a largo plazo”, según mantiene el documento reservado.

Sin intervencionismo europeo

El Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) cuenta con casi 90 mil millones de euros para la financiación de la acción exterior de la UE en la cooperación internacional y el desarrollo, la respuesta a las crisis o las acciones de consolidación de la paz en los países socios. Marruecos ambiciona ser uno de los grandes beneficiados de este instrumento, según se recoge en el documento reservado, aunque para ello Bruselas pondría una serie de condiciones, que pasarían por aumentar el número de repatriaciones de migrantes marroquíes en situación irregular. Actualmente, el acuerdo que mantiene Marruecos con España para la repatriación de sus nacionales contempla la devolución de 80 personas, repartidas en cuatro vuelos semanales. Este flujo se vio interrumpido a final de marzo cuando el país africano cerró su espacio aéreo como medida para la contención de la covid-19. Además, Bruselas aspira a que Marruecos admita migrantes de terceros países en su territorio, a cambio de flexibilizar la política de visados para los marroquíes.

Otra de las exigencias que plantean los 27 es el intercambio de información con el país alauí y la colaboración judicial y operativa contra la trata de personas. Llegar a un punto de encuentro entre las demandas de ambas partes es una tarea ardua, entre otras cosas porque Marruecos considera que la intervención europea puede ser entendida como una intromisión en sus políticas internas y puede poner en duda su capacidad para gestionar los flujos migratorios.

Tras el desembolso en 2019 de 140 millones de euros de fondos europeos y de 30 millones españoles para taponar la ruta de las pateras por el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán, la costa atlántica marroquí se convirtió en la principal lanzadera y la ciudad de Dajla, en los territorios saharauis ocupados por Marruecos, era el epicentro. El año pasado llegaron a Canarias más de 23.000 personas de forma irregular, de las cuales más de la mitad eran de Marruecos. Durante los primeros meses de la crisis migratoria la llegada de marroquíes fue muy alta, pero tras la presión diplomática la cifra se vio reducida y el número de subsaharianos se fue incrementando en detrimento de la de alauíes.

Las relaciones entre España y Marruecos no pasan ahora por su mejor momento. La entrada en el territorio nacional del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, quien se encuentra hospitalizado en Logroño para recibir atención médica tras contagiarse por el coronavirus, ha levantado ampollas. El enfado de Rabat se hizo público después de que el Ministerio de Exteriores marroquí convocase el sábado al embajador español en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, para “exigirle las explicaciones necesarias” sobre la presencia de Ghali en España. La reacción de Marruecos contrasta con el tono moderado de Madrid, que intentó quitar hierro a esa convocatoria al embajador, que la Oficina de Información Diplomática calificó de una reunión que “se produjo dentro de la normalidad de las relaciones diplomáticas que mantienen los dos países”. Según fuentes diplomáticas, el líder de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) se encuentra en España por “razones estrictamente humanitarias”.

Horas después de que se produjeran estos desencuentros diplomáticos, se registraron varios incidentes en la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado abortaron ayer la entrada a nado de 25 personas en Ceuta, después de que en la noche del domingo interrumpieran el intento de entrada de otros 60 migrantes a través de la valla de Melill y de que, durante el fin de semana, un centenar de migrantes accediera a nado a Ceuta.

La política migratoria "vulnera los derechos humanos"

Más de 160 organizaciones sociales han firmado una carta abierta que dirigen al Gobierno de España en la que reclaman una “urgente rectificación” de la política migratoria en Canarias en donde, denuncia, hay “una grave situación de vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes”. A través de este escrito, las entidades señalan que, las medidas con las que España cuenta actualmente en esta materia ponen “en riesgo la vida de miles de personas” y sitúa al país, “fuera del marco internacional de los derechos humanos. A su juicio, la “apuesta por las medidas de disuasión y externalización de fronteras y de bloqueo al desplazamiento y a la libre circulación”, provocan la “criminalización de la migración, la vulneración de los derechos más fundamentales y empuja a las personas a emprender travesías cada vez más largas e inseguras”. “Lo que está ocurriendo en las islas Canarias muestra dramáticamente las consecuencias de este modelo”, explica la misiva. A su juicio, el Ministerio del Interior está “limitando el traslado y desplazamiento a la Península de las personas que están llegando a las costas canarias, contraviniendo la legislación vigente” y critica su apuesta por la creación de los macrocentros de “contención” dispuestos en el Plan Canarias. 

Compartir el artículo

stats