Rusia lleva tiempo alejándose de la vía del diálogo con la Unión Europea y apostando por el autoritarismo. Y el envenenamiento del líder opositor Alekséi Navalni, su encarcelación y las detenciones masivas de manifestantes pidiendo su liberación han sido la gota que ha colmado el vaso. Tras el desastroso viaje del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a Moscú, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han decidido cerrar filas e imponer nuevas sanciones a Rusia a través del nuevo marco europeo que permite castigar la vulneración y violación de los derechos humanos.

“Los ministros de manera unánime han interpretado las últimas acciones y respuestas rusas como una señal clara de que no les interesa la cooperación con la UE, al contrario. Buscan la confrontación continua y el distanciamiento”, explicó el jefe de la diplomacia europea tras una larga reunión presencial en Bruselas. “Quizás, sin lo que sucedió en Moscú no habría habido unanimidad para decidir sanciones por el caso Navalni. Evidentemente, la actitud de los rusos ha demostrado a todos los Estados miembros, los que ya estaban convencidos y los que aún dudaban, que hoy por hoy la federación rusa está en una tesitura de confrontación”, argumentó.

“En cuestión de días”

Las sanciones, cuyo procedimiento administrativo se puso en marcha ayer mismo, tendrán como objetivo castigar a “los responsables de la detención, enjuiciamiento y sentencia” del opositor ruso, próximos al presidente Vladímir Putin, y estarán en un plazo que “no superará la semana”, dijo Borrell. “Las decisiones se tomarán en cuestión de días. Hemos llegado a un consenso rápidamente. Nadie ha considerado ninguna otra opción”, confirmó el ministro de Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, uno de los países que más han presionado para la imposición de sanciones. “La UE no puede permanecer impasible y tiene que reaccionar ante violaciones de derechos humanos en Rusia”, subrayó su colega española, Arancha González Laya.

Aunque Borrell no quiso dar detalles sobre los nombres incluidos en la lista, la intención será sancionar a cuatro altos funcionarios cercanos a Putin, entre ellos, según Reuters, Alexander Bastrykin, responsable del comité de investigación de los crímenes más graves y que responde directamente ante el presidente ruso. También figurarían el fiscal general Igor Krasnov, el comandante de la Guardia Nacional Viktor Zolotov y el máximo responsable del servicio federal de prisiones, Alexander Kalashnikov.

Pese a la presión del entorno de Navalni por incluir a oligarcas cercanos a Putin entre los sancionados, se ha descartado por el momento. “No podemos sancionar de manera arbitraria porque no nos guste una persona. A lo mejor no nos gustan los oligarcas, pero hay que demostrar que tienen ese vínculo directo con el hecho que deseamos sancionar”, explicó Borrell. “Si no hay un vínculo no podemos sancionar a nadie. Estado de derecho, ni más ni menos”, recordó.

Aluvión de críticas

La decisión de activar por primera vez el mecanismo para castigar las vulneraciones de derechos humanos, en la línea de la ley Magnitsky estadounidense, se produce tras el desastroso viaje a Moscú el pasado 5 de febrero del alto representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell, que ha generado un aluvión de críticas. Pese a la controvertida visita, que coincidió con la expulsión de tres diplomáticos europeos, Borrell volvió a defender su viaje y rechazó que suscitara críticas entre los Veintisiete.

“A mí hoy no me han criticado por mi desplazamiento a Moscú. Al contrario, todos los Estados miembros me han apoyado y han dejado claro que el desplazamiento sirvió para recibir información de primera mano de cómo hablar con ellos. No es que viajara a Rusia porque me guste, sino porque tenía un mandato apoyado por la inmensa mayoría. En cuanto a las críticas de miembros del Parlamento Europeo... Hablamos de 70 eurodiputados de 750. Es menos del 10%, así que veamos las cosas en su justa perspectiva”, se defendió Borrell

Los Veintisiete amplían los castigos a Venezuela

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han ampliado una vez más la lista de dirigentes venezolanos sancionados. Los Veintisiete acordaron ayer incluir el nombre de 19 individuos adicionales a quienes consideran responsables de socavar los derechos electorales de la oposición en las elecciones del pasado 6 de diciembre y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, además de achacarles “graves violaciones de derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales”. El nuevo listado, publicado ayer en el Diario Oficial de la UE, responde al deterioro de la situación en Venezuela, aunque la Unión ha indicado que seguirá apoyando el diálogo y una solución democrática para el país. Entre los sancionados figuran desde militares, como el responsable del Comando Estratégico Operacional de la fuerza armada nacional bolivariana, Remigio Ceballos, hasta diputados de la Asamblea Nacional no elegida democráticamente, media docena de magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo por la designación unilateral del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la presidenta de este consejo, Indira Alfonzo, o el gobernador del estado de Zulia, Omar Prieto. La lista suma ya 55 personas que tienen prohibido viajar a la UE o congelados sus posibles activos en territorio europeo. Las medidas contra el régimen de Nicolás Maduro se introdujeron en 2017.