Las fuerzas del orden detuvieron este sábado a 35 personas, en su mayoría en París, por altercados aislados en manifestaciones organizadas en decenas de ciudades francesas en protesta contra una ley de seguridad que lleva meses generando protestas.

El Ministerio del Interior precisó que del total de esas detenciones, 28 se llevaron a cabo en la capital, donde algo más de 5.000 personas salieron a la calle para participar en las movilizaciones.

En el conjunto del país, hubo cerca de 33.000 manifestantes y dos gendarmes resultaron ligeramente heridos, según el departamento de Interior.

El principal convocante de las protestas era el Sindicato Nacional de Periodistas (SNJ), pero se pudieron ver banderolas de sindicatos, asociaciones feministas, de la Francia Insumisa y de otras organizaciones de extrema izquierda.

Los altercados se produjeron una hora antes de que empezara el toque de queda nocturno que rige en Francia a partir de las 18.00 horas por el coronavirus, cuando los organizadores habían recogido y ya solo quedaban en la plaza unos pocos cientos de manifestantes, algunos de los cuales lanzaron objetos a los antidisturbios.

Las fuerzas del orden, que se habían desplegado de forma masiva -unos 2.500 agentes para vigilar las marchas durante todo el día-, recurrieron a los camiones cisterna con agua a presión y a algunas cargas para dispersarlos.

La Prefectura de Policía no ha dado de momento información sobre las detenciones pero, según la cadena BFMTV, se habían producido una veintena de arrestos antes de que empezara el desalojo de la plaza de la República.

También hubo incidentes y alguna detención en Nantes (oeste de Francia), en una concentración que se desarrolló bajo la lluvia y que los antidisturbios acabaron disolviendo con cargas y el lanzamiento de gases lacrimógenos.

Se celebraron manifestaciones en varias decenas de ciudades más por todo el país contra la Ley de Seguridad Global que se está tramitando en el Parlamento, con su adopción en primera lectura por la Asamblea Nacional el pasado 24 de noviembre.

Uno de los aspectos más polémicos de ese texto legislativo ha sido el artículo 24, que preveía prohibir y castigar (con hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa) la difusión de imágenes de agentes de las fuerzas con las que puedan ser identificados con el argumento de que puede ponerles en peligro personalmente.

Ante la reacción generalizada que suscitó ese artículo entre la prensa, entre asociaciones de derechos humanos y entre la oposición de izquierdas, el Gobierno francés se comprometió a reformularlo.