"Difícil". Emmanuel Macron describe así el actual panorama económico y social. Con una caída del PIB del 13,8% en el segundo trimestre del 2020 -el mayor desplome desde 1949- y la destrucción de 715.000 empleos a lo largo de los últimos seis meses, más que difícil, parece dificilísimo. El presidente francés se enfrenta a una misión delicada: reactivar una economía fragilizada por la crisis sanitaria y llevar a buen puerto sus impopulares proyectos estrella.
La gestión de la epidemia y la planificación de un masivo plan de reactivación capaz de mantener a flote la economía han eclipsado durante los últimos meses la agenda del presidente. Sin embargo, Macron no ha renunciado, ni piensa hacerlo, a la reforma de las pensiones y de las prestaciones por desempleo.
La primera costó al presidente la huelga de transportes más larga de la historia de Francia. La segunda, considerada "profundamente injusta" por los sindicatos, podría despertar una nueva movilización general. Renunciar a cualquiera de ellas supondría de facto abdicar de su trono reformista. Ayer volvieron a salir a la calle los "chalecos amarillos" en varias ciudades francesas. La jornada se saldó con más de 200 detenidos.
"¿La reforma de las pensiones debe ser tirada a la basura? No. Sería un error", dijo Macron en julio. "No podemos ser un país que quiera la independencia, la recuperación social, económica y medioambiental (?) y, a la vez, ser uno de los países donde menos se trabaja durante toda la vida en Europa", subrayó. Ante el deterioro económico que se avecina, el jefe de Estado dejó la puerta abierta a posibles cambios en su contenido.
El actual primer ministro, Jean Castex, sucesor del principal ideólogo de la contestada reforma, Édouard Philippe, anunció en julio el aplazamiento del proyecto relativo a las pensiones, cuyas discusiones no se retomarán hasta finales de año. A la espera de conocer el verdadero impacto de la crisis económica en el mercado laboral, la entrada en vigor de la reforma del paro se aplaza a enero de 2021.
Con el objetivo de reducir al máximo el gasto público, la estrategia del Gobierno es endurecer las condiciones para cobrar las prestaciones por desempleo: hasta ahora, un desempleado debe haber trabajado como mínimo 4 de los 28 meses anteriores a su despido. La nueva normativa exigirá un mínimo de 6 meses trabajados durante un periodo de 24.
Según las últimas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo podría alcanzar al 9,5% a finales de año. Las principales víctimas de la crisis son los jóvenes. En julio, 550.000 menores de 25 años pasaron a engrosar la lista del paro, un aumento del 20% respecto a febrero, justo antes del confinamiento. En este contexto, obstaculizar el acceso a los subsidios podría acentuar aún más la crisis social.
Y mientras los meses venideros se anuncian, cuando menos, inciertos, Macron piensa ya en un futuro lejano con el gigantesco plan de reactivación económica que movilizará 100.000 millones de euros, financiados en un 40% por fondos europeos. "La verdadera ambición (del plan) no reside en la importancia de los medios movilizados para apoyar la actividad a corto plazo, sino en su filosofía de transformación (?) Transformar el riesgo en suerte, la crisis en oportunidad, invirtiendo en primer lugar en las áreas más prometedoras, las que sostendrán la economía y crearán los empleos del mañana. Esta es nuestra elección: el futuro y la proyección", dijo Macron.
La transición ecológica, la cohesión social y territorial, así como la competitividad empresarial, son los principales epígrafes del plan destinado a transformar la economía. El objetivo es ambicioso: recuperar los niveles de actividad anteriores a la crisis y reducir el desempleo en el 2022. Según Castex, la inyección de recursos se traducirá en la creación de 160.000 empleos el próximo año, una promesa arriesgada a la vista de la velocidad a la que se destruyen.
Bajada de impuestos
El Ejecutivo promete además una bajada de impuestos sobre la producción de 20.000 millones en los próximos dos años para incentivar la competitividad y la reindustrialización. Ayudas a la inversión, créditos participativos, planes de fomento de empleo para los más jóvenes o la digitalización de las empresas, son algunas de las medidas del plan.
Demostrar su eficacia para transformar la economía francesa y, sobre todo, mantenerla a flote, será indispensable para el futuro de Macron y de su Gobierno. El tiempo corre y el balance de su quinquenio necesita más que nunca sumar victorias de cara a las elecciones presidenciales del 2022. Por ahora, su estrategia reformista deja mucho que desear.
Un informe del Ministerio de Solidaridades y del Instituto Nacional de Estadísticas compromete la eficacia de sus reformas fiscales de 2018, entre ellas la controvertida reducción del impuesto sobre las fortunas (ISF), considerado por muchos como "un regalo a los ricos". Las desigualdades se han agravado con las reformas y su peso en las arcas públicas asciende a 2.900 millones, frente a los 5.100 millones prometidos por Macron, concluye el informe.
